Formado por dos miembros de cada parte y presidido por Alcaldía busca la gestión coordinada de las competencias sin el uso náutico-deportivo
VALÈNCIA, 7 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de València y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) proponen la creación de un órgano interadministrativo de cooperación para gestionar la Marina de la ciudad tras la desaparición del Consorcio Valencia 2007, el órgano integrado por las administraciones central, autonómica y local que hasta hace poco tenía esta responsabilidad.
Así se recoge en el borrador del convenio que ambas partes han de suscribir para la gestión del citado espacio. El objetivo de ese órgano interadministrativo es, como señala el documento planteado, acometer «la gestión coordinada» de las competencias que cada una de estas partes tiene en el ámbito de la Marina.
El borrador, consultado por Europa Press, concreta que «el fin común» del órgano interadministrativo de cooperación que se propone crear es «la gestión coordinada de las competencias que corresponden al Ayuntamiento de València y a la Autoridad Portuaria de Valencia respecto de determinados bienes inmuebles de su titularidad, de naturaleza tanto demanial como patrimonial, integrados en el espacio físico conocido como La Marina de València».
De él se excluyen «los bienes demaniales portuarios» integrados en este espacio que están «destinados a usos náutico-deportivo y náutico-recreativo», como precisa el borrador. Estos quedan fuera del control del órgano interadministrativo y serán adjudicados en régimen de concesión administrativa a partir del concurso público impulsado por la APV para la adecuación y explotación.
Una vez cerrado y con el visto bueno definitivo del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria, el convenio será suscrito por sus máximas representantes, la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la entidad portuaria, Mar Chao. El documento tendrá que ser aprobado por los máximos órganos de la administración local, el pleno y la junta de gobierno local, y por el consejo de administración de la APV.
El borrador recoge también que el órgano de cooperación estará integrado por un total de cuatro miembros y que será «de composición paritaria, por lo que el Ayuntamiento y la APV estarán representados en el mismo por dos miembros cada uno».
Se plantea de que los representantes del consistorio sean la Alcaldía-Presidencia y la concejalía que tenga atribuidas facultades delegadas en materia de gestión del patrimonio municipal, mientras que por parte de la Autoridad Portuaria se proponen la presidencia y la dirección general.
Asimismo, el borrador señala que la presidencia del órgano de cooperación será para el Ayuntamiento, «de tal forma que será ejercida por la Alcaldía-Presidencia». Este texto añade que no habrá una periodicidad preestablecida para las reuniones, «sino que serán convocadas por la Alcaldía-Presidencia de València, de oficio o a solicitud de la presidencia de la APV, cuando existan asuntos a tratar en el ámbito de las funciones del órgano de cooperación».
Igualmente, se expone que «todos los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o representados» y que «corresponderá a la presidencia del órgano de cooperación dirimir con su voto de calidad los empates que puedan producirse en la adopción de acuerdos».
Para el convenio se establece «una vigencia de cuatro años» aunque se precisa que antes de acabar ese plazo las partes «podrán aprobar su prórroga de común acuerdo» y «por el plazo que libremente acuerden, que como máximo será de hasta cuatro años adicionales».
«A PASO DE TORTUGA»
Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís Ferran Puchades ha censurado, en un comunicado, que el convenio que han de suscribir la administración local y la APV para gestionar la Marina «avanza a paso de tortuga» mientras las empresas privadas ya «optan a gestionar la mitad del recinto» –ha dicho en alusión a la parte naútico-deportiva, para la que se han presentado tres ofertas–.
Puchades ha lamentado la «desidia» de la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), en la aprobación del citado acuerdo y ha criticado el «retraso» para redactar el documento, a la vez que ha instado al ejecutivo municipal –PP y Vox– a «acelerar la tramitación administrativa» para la aprobación del convenio.
Así, ha considerado que se debe «desatascar de una vez por todas una situación que afecta a una zona que hasta ahora era patrimonio de todos los ciudadanos y enclave estratégico para atraer inversiones sostenibles». «Mientras la tramitación del convenio de gestión del espacio público avanza a paso de tortuga, se están perdiendo oportunidades para la ciudad», ha remarcado.
Igualmente, el representante de Compromís ha señalado que «paralelamente se regala a la iniciativa privada un lugar que debería estar enfocado a las actividades lúdicas para todos y no solamente al negocio y disfrute de unos pocos». «Supone la privatización de este espacio público con el visto bueno de la alcaldesa de València», ha dicho.
Ferran Puchades ha defendido que la Marina «vuelva a ser un espacio público gestionado desde el interés general, donde los valencianos, sobre todo de los barrios marítimos, puedan reencontrarse con el mar y disfrutar de actividades culturales y lúdicas en lugar de cederlo al negocio privado de unos pocos».
Por parte del PSPV-PSOE, el edil Javier Mateo ha considerado que Catalá «ha desistido de gestionar un espacio emblemático y estratégico para la ciudad como es la Marina y ha permitido que el puerto asuma todas las decisiones sobre el futuro de esta zona de la ciudad». «Su primera decisión sobre este espacio urbano fue, hace unos meses, privatizar el 47% de su superficie para que fuera la Autoridad Portuaria la que sacara a licitación la explotación», ha expuesto.
«MÁS CONTROL»
Mateo ha apuntado, en un comunicado, que «el nuevo ente mixto anunciado entre el Ayuntamiento y el Puerto lo único que supone es que la ciudad ceda todo el espacio de decisión al Puerto sobre los bienes del Ayuntamiento», al tiempo que ha asegurado que el anterior gobierno progresista de la ciudad «intentó siempre tener más control, poder de decisión y de gestión sobre la Marina para impulsar su valor estratégico» y «atraer empresas tecnológicas e innovadores».
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