El sindicato tilda de “hipocresía” la actuación de las administraciones en un sector que emplea a 7.500 personas
VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
El sindicato UGT ha denunciado la precariedad entre las trabajadoras de la ayuda a domicilio con un 90 por ciento de contratos parciales que dejan sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y han pedido a la Junta que, como administración competente, vele por el servicio y unifique el precio por hora de las licitaciones que ahora hacen las entidades locales en las que delega para adjudicar los contratos.
Así lo han expresado el secretario regional de UGT Servicios, Tomás Pérez Urueña, y la secretaria del Sector Sociosanitario del sindicato, Pilar Gutiérrez, quien ha criticado la mercantilización de este servicio con empresas que acuden a las licitaciones de diputaciones y ayuntamientos (con financiación de la Junta) para beneficio propio a costa de los trabajadores.
Gutiérrez ha afirmado que sólo el 10 por ciento de estas trabajadoras están a jornada completa y el resto con una importante parcialidad que supone que en la mayor parte de los casos no lleguen ni siquiera al SMI, un deterioro que hace que falte mano de obra, cuando las previsiones apuntan a que en los próximos años se incremente la necesidad de mano de obra, según el Ministerio de Derechos Sociales.
En esta línea, ha explicado que las empresas acuden a las licitaciones de las entidades locales para “beneficio propio” y los usuarios y las empleadas son quienes sufren las consecuencias y provoca que no se encuentre personal para trabajar en el sector al no contratarse con jornadas completas.
Además, ha explicado que hay grandes diferencias de precio por hora entre las diferentes licitaciones de las provincias, de manera que en Segovia el año pasado la hora saliera a 21,25 euros más IVA y en enero de este año se haya licitado en la provincia de Palencia por 20,9 euros más IVA.
HOMOGENEIDAD
Por eso, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que “unifique” en un pliego único las licitaciones para que salgan al mismo precio por hora para las nueve provincias porque la diferencia es “abismal”.
“Entendemos y creemos que esa precariedad y ese volumen de cifras conlleva a que el trabajo, siendo el mismo en las nueve provincias, no se desarrolle igual y no llega por igual a los trabajadores y trabajadoras que se dedican a este sector”, ha afirmado la sindicalista, quien ha agregado que a veces las empresas acuden a las licitaciones y se aseguran cuatro años de beneficio, los dos años de contrato y otros tantos de prórroga.
Dada esta situación, Pilar Gutiérrez ha asegurado que falta personal para trabajar en residencias y en la ayuda a domicilio, sobre todo en zonas rurales. “¿Quién va a cuidar al que cuida?”, ha preguntado la responsable sindical, que cree que si las administraciones y el gobierno no revisa las licitaciones llegará a ser un sector “en decadencia” sin trabajadores que lo puedan cubrir.
Por su parte, Tomás Pérez ha incidido en que la ayuda a domicilio es una competencia delegada en las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones), de manera que en Castilla y León hay 24 actores con otras tantas concesiones y “ninguna es igual a otra” y cada una pone el precio “que le da la gana”.
Asimismo, ha criticado que las empresas, al tener que cumplir el convenio, nunca contratan a jornada completa, lo que supondría un salario de unos 1.100 euros, pero lo que se hace es contratar por horas y las trabajadoras cobran entre 300 y 600 euros al mes.
“Esto no es un nuevo trabajo, esto es una nueva explotación”, ha sentenciado Pérez Urueña, quien ha advertido de que esas personas “no pueden desarrollar su vida” ni mantenerse con ese trabajo mientras a las administraciones les importa más el número de trabajadores que hay en el sector que el sueldo que cobran. Por ello ha reiterado que lo que se pide a las administraciones es el compromiso de que exijan a las empresas que no se contrate hasta que todas las trabajadoras tengan jornadas completas porque, de lo contrario, se “precariza” cada vez más el sector.
EMPRESAS PRIVADAS
A estas 7.500 personas, ha agregado, se suman aproximadamente otras 2.500 que no están amparadas por el convenio regional porque cuentan con uno de empresa, pero también se contratan parcialmente (aunque no dependen de las adjudicaciones) como asistentes personales, por lo que tampoco tienen la misma formación que las trabajadoras de ayuda a domicilio amparadas por el convenio.
“Las administraciones en este caso y la Junta de Castilla y León son los que tienen que velar para que si quieren que el cuidado de nuestros mayores en la previsión que se tiene con el envejecimiento de la población se siga manteniendo”, ha explicado Tomás Pérez Urueña.
El secretario regional de UGT Servicios ha censurado la “hipocresía” de las administraciones cuando “sacan pecho” de la cobertura de este derecho cuando los que “pagan el pato” son los usuarios o cuando el Ayuntamiento de Valladolid pide a la Junta más dinero cuando están gobernados por el mismo partido y sabe que la Administración autonómica no tiene presupuesto.
“Estamos hablando de una nueva explotación. Estamos hablando del aprovechamiento de las necesidades de las personas. Y lo que tienen que mirar las administraciones es crear ciudadanos dignos, con retribuciones dignas, en empleos dignos. Y en este sector se mida más la cantidad que la calidad”, ha afirmado.
Por otra parte, Pilar Gutiérrez ha añadido que las empresas también se benefician del tiempo de desplazamiento contemplado en el convenio autonómico a razón de cinco minutos por hora, ya que no da tiempo a acudir a otro servicio y más aún en zonas rurales cuando hay desplazamientos más largos. Este dinero se debe cobrar por parte de los trabajadores, pero cuando el desplazamiento es mayor el beneficio es para las empresas, que no le cotizan como “tiempo efectivo de trabajo”. A este respecto, ha señalado que algunas empresas ni siquiera lo recogen en su convenio si están fuera del autonómico.
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