Piden reuniones urgentes con los grupos parlamentarios para explicarles las “gravísimas consecuencias” de esta ley
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un comunicado conjunto donde alertan de que la proposición de ley registrada el pasado viernes por el PSOE en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, limitar la acción popular, permitirá que “gobiernos de cualquier signo” puedan eludir el control de la Justicia.
La proposición de ley limita la acción popular al vetarla para los partidos políticos y las asociaciones profesionales y expulsar a las acusaciones populares de la fase de instrucción. Además, incluye una nueva causa de recusación y abstención para jueces y magistrados, de modo que se les pueda apartar de los casos por sus declaraciones políticas; impide que puedan abrirse investigaciones judiciales por querellas basadas únicamente en informaciones periodísticas; y suprime el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos.
AJFV y FJI señalan que, si bien han manifestado en múltiples ocasiones su “preocupación” por “la instrumentalización que gobiernos de distintos partidos han hecho de la acusación pública”, la acción popular está reconocida en el artículo 125 de la Constitución como un “derecho de los ciudadanos” para “formular acusación distinta” de la Fiscalía y de las víctimas del delito.
A su juicio, “la restricción del ejercicio de la acción popular que se pretende supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los juzgados y tribunales”. En concreto, alertan de que “gobiernos de cualquier signo podrían aprovechar la falta de independencia del Ministerio Fiscal y la limitación de la acción popular para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial”.
Avisan igualmente de que “la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de Derecho”.
YA HAY “MECANISMOS SUFICIENTES”
AJFV y FJI enfatizan que “el actual ordenamiento jurídico ya contiene mecanismos suficientes para sancionar el abuso de derecho, en general, y las denuncias falsas y querellas infundadas en particular”, por lo que dicen que, si lo que se pretende es acabar con la “pena de banquillo”, “lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos (en este caso, la instrucción de causas penales) se puedan completar en períodos de tiempo razonables”.
En la misma línea, recuerdan que “los procedimientos penales acaban por sentencia, condenatoria o absolutoria, en virtud de los hechos que se consideren probados, y con respeto al principio de presunción de inocencia, y no en función de quién haya ejercido la acusación” popular.
Por otro lado, se refieren a la nueva causa de abstención y recusación de jueces y magistrados indicando que la ley ya les prohíbe ejercer determinadas actividades políticas, por lo que creen que “pretender que las manifestaciones públicas hechas por un juez tengan como efecto su limitación en el conocimiento de determinados asuntos no puede tener más efecto que el de coartar o limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, ya de por sí fuertemente limitado en virtud de la ley”.
Así, sostienen que, si lo que se busca es “la salvaguardia de los principios de independencia, integridad e imparcialidad en la impartición de justicia”, “lo más adecuado sería reformar de manera urgente y definitiva el sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad obliga a los jueces y magistrados que presentan sus candidaturas a someterse al escrutinio de los partidos políticos, asumiendo ante la ciudadanía una etiqueta de ‘conservador’ o ‘progresista’ que lastrará el ejercicio futuro su actividad jurisdiccional”.
“GRAVES CONSECUENCIAS”
AJFV y FJI llaman la atención sobre el hecho de que las cuatro asociaciones judiciales –también la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)– están en contra de la proposición de ley, así como que “partidos políticos de distinto signo hayan mostrado públicamente prevenciones y reservas ante la figura de la acusación popular, precisamente en momentos en que ocupan el Gobierno de la nación”.
Con todo, han anunciado que, tratándose además de “una proposición de ley orgánica presentada por el partido político que ostenta la mayoría en el Gobierno, cuya tramitación permite eludir informes de órganos consultivos”, han solicitado “reuniones urgentes con los portavoces de justicia de los diferentes grupos parlamentarios para explicar las gravísimas consecuencias que la aprobación de la Ley puede suponer para nuestro Estado de Derecho”.
“Las asociaciones judiciales firmantes, con pleno respeto a la actividad parlamentaria y a la separación de poderes, en cumplimiento de la finalidad legal que nos compete de defender los valores constitucionales, debemos advertir a la ciudadanía de las graves consecuencias que supondría la pretendida restricción del ámbito subjetivo, objetivo y procesal de la acción popular, prevista en la Constitución como derecho de los ciudadanos, al tiempo que limita el papel constitucional del Poder Judicial”, concluyen.
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