Los detectives privados son personas que deben ser sigilosas por obligación. Aunque en la literatura y el cine se les otorga un halo misterioso y romántico, en la mayoría de las ocasiones esto no se corresponde con la realidad. En su trabajo, la discreción es una virtud indispensable. Resulta paradójico que, esta semana, los nombres de 30 detectives que ejercen en Canarias hayan sido publicados. De repente, los profesionales que se mueven en las sombras han salido a la luz.
El Boletín Oficial de Canarias ha publicado el censo provisional de detectives privados del Archipiélago. Según el decreto de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, se hace público el censo provisional de profesionales detectives privados ejercientes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias por un periodo de quince días para posibles alegaciones que deberán ser presentadas en el Registro General de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, conforme establece el Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias.
Colegio profesional de detectives en las Islas Canarias
La publicación es un trámite más en el proceso de creación del colegio profesional de detectives privados de Canarias, una iniciativa que nació en 2019, explica Nicolás Hernández, presidente de la
Asociación Canaria Atlántica de Detectives (ACAD). Entre abril y mayo de este año tuvo lugar el procedimiento de consulta pública, en el que no se recibió ninguna propuesta. El proceso siguió adelante y esta semana el BOC publicó el censo provisional de detectives privados ejercientes en Canarias. Hernández espera que en 2023 pueda estar constituido el colegio.
La lista publicada por el Gobierno de Canarias está incompleta, señala el presidente de ACAD. “El censo ha cambiado. Hay más activos y hay gente que está jubilada. Esa lista es de cuando presentamos la solicitud, en 2019. Y además la asociación no abarca al 100% de los detectives”.
No usan sus nombres ni en los juzgados
Hernández explica que ni siquiera en los procedimientos judiciales se dan sus nombres. “En el ejercicio de nuestras funciones, en los tribunales nos identifican por nuestra tarjeta de identificación profesional, habilitada por el Ministerio del Interior. Y ahora tenemos también otro número garante, también dado por la administración de Interior, que es el número de despacho. El censo realmente es ese. Los detectives que además de tener los estudios necesarios, tienen el número de despacho autorizado”, dice.
“Somos una profesión muy amenazada. Llevas a los tribunales a montón de gente, levantamos un montón de fraudes, engaños a la Administración”, continúa Hernández, que considera que esto ha sido un trámite necesario por ley, pero que no es lo que mejor les viene profesionalmente
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