MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Facultades de Investigación de Irlanda del Norte, que forma parte del Ministerio del Interior pero que opera de forma independiente, ha celebrado este miércoles una primera audiencia para determinar si la Policía norirlandesa rastreó ilegalmente los teléfonos de una serie de periodistas para obtener sus fuentes.
El caso se retrotrae al arresto en Belfast de dos periodistas, Trevor Birney y Barry McCaffrey, que fueron acusados de robar una serie de documentos confidenciales para su documental ‘No Stone Unturned’ sobre la masacre de Loughinisland en 1994.
El Defensor del Pueblo norirlandés acusó a la Policía en un informe en junio de 2016 de haber participado en la masacre en la que el grupo paramilitar Fuerza de Voluntarios de Ulster (FVU) irrumpió en un bar donde se estaba viendo un partido de fútbol entre Irlanda e Italia y mató a seis personas.
Los dos periodistas habrían sido acusados de robar estos documentos en 2018. Un año más tarde, recurrieron al tribunal para pedirle que estableciera si se les había sometido a alguna vigilancia ilegal, según ha recogido el diario ‘Belfast Telegraph’.
Las pruebas presentadas ante el tribunal sugieren que estas operaciones de espionaje llevadas a cabo por el PSNI –que empezaron en 2007 y se extienden durante alrededor de una década–, involucran a otros ocho periodistas en Irlanda del Norte.
Otro de los nombres sería Vincent Kearney, que trabajó para la BBC y realizó un documental llamado Spotlight, que investigaba la independencia de la oficina del Defensor del Pueblo frente a denuncias sobre mala conducta policial.
Al menos tres fuerzas policiales de Reino Unido –la Policía de Durham, el PSNI y la Policía Metropolitana– estarían involucradas en estos rastreos, según ha informado este miércoles la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) en un comunicado.
“El PSNI debe dejar de dar largas y cooperar plenamente con el tribunal para que cualquier violación grave de la libertad de prensa en Irlanda del Norte salga a la luz”, ha indicado la directora de la ONG en Reino Unido, Fiona O’Brien.
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