OVIEDO, 22 (EUROPA PRESS)
La Delegación del Gobierno en Asturias ha informado este sábado de que ha tenido conocimiento a través de las redes sociales y de informaciones publicadas en medios de comunicación de la convocatoria por parte de Núcleo Nacional de una concentración en Oviedo este domingo 23 de febrero a las 11.00 horas, con el objetivo de conmemorar el golpe de Estado del 23F. Ante esta información advierte que esta convocatoria “no ha sido comunicada a esta Delegación del Gobierno a pesar de ser un requisito preceptivo para la celebración de manifestaciones o concentraciones en la vía pública en los casos de reuniones de más de veinte personas”.
Indica Delegación que esta falta de comunicación previa vulnera la normativa vigente en materia del derecho fundamental de reunión y expone a sus organizadores a las sanciones establecidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Así, según la ley reguladora del derecho de reunión, la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernamental con una antelación mínima de diez días naturales. En caso de que existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
INSTRUCCIONES OPORTUNAS A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Ante esta situación, la Delegación del Gobierno ya ha dado las instrucciones oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, en especial la Ley de Memoria Democrática, que establece mecanismos para sancionar cualquier acto que suponga la exaltación de la dictadura o la humillación de sus víctimas.
Asimismo, desde la Delegación del Gobierno recuerdan que la legislación española contempla medidas contundentes frente a los delitos de odio. “Cualquier conducta que incite a la discriminación, violencia o intolerancia será objeto de investigación y, en su caso, de las sanciones correspondientes. La seguridad, la convivencia y el respeto a la democracia son principios irrenunciables en nuestro Estado de Derecho”, incide.
En este sentido, ha querido dejar claro que la Delegación del Gobierno no tolerará ninguna alteración del orden público, el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ni la comisión de delitos de odio y se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de la ciudadanía.
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