MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Cámara de Casación Federal, el máximo tribunal penal de Argentina, ha rechazado el recurso extraordinario presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad por corrupción en la gestión de obra pública en la provincia de Santa Cruz y que ha derivado en una condena de seis años de prisión por fraude contra la administración pública contra la expresidenta y ahora líder de la oposición.
La causa pasará en cualquier caso a la Corte Suprema, pero bajo el formato de queja, sin el aval de la Cámara de Casación, lo que resta peso y posibilidades a su recurso, según recoge el diario argentino ‘La Nación’.
La decisión de la sala IV de Casación rechaza también el recurso del empresario Lázaro Báez, principal beneficiario de las concesiones de obras en Santa Cruz; el de José López, exsecretario de Vialidad, y los de otros seis condendos.
“Los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas, como así tampoco han logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso (…). Entendemos que los recursos extraordinarios federales presentados deben ser declarados inadmisibles”, ha indicado la Cámara de Casación.
El tribunal se ha alineado así con las tesis del fiscal, Mario Villar, quien considera que no existen motivos válidos para que la Corte Suprema revise las sentencias ya dictadas.
En esta causa, la Justicia ha dado por probado que entre 2003 y 2015 existió una “inédita” maniobra de fraude al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, llevada a cabo por funcionarios de distintos niveles y un único empresario de la construcción: Lázaro Báez, dueño del conglomerado de firmas vinculadas a Austral Construcciones.
Como resultado, un tribunal condenó a la expresidenta en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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