MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido ingresado este miércoles en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras haber sufrido una ruptura de cadera como consecuencia de una caída, un hecho que se produce tan solo unos días después de que el Tribunal Supremo de Chile ordenase ampliar de nuevo los delitos por los que fue extraditado en septiembre de 2007, en relación con cinco casos ligados a graves violaciones de Derechos Humanos, entre los que se incluyen las esterilizaciones forzadas cometidas durante su Gobierno.
“En horas de la madrugada, mi papá tuvo una caída en su habitación. Lo hemos trasladado a la Clínica Delgado para su atención y evaluación. Los primeros exámenes presentan una fractura en la cadera. Él se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos y nosotros estamos a la espera de los resultados de todos los exámenes que le vienen realizando los médicos”, ha expresado su hija Keiko Fujimori en su cuenta de la red social X.
El expresidente Fujimori (1990-2000), de 85 años, reapareció recientemente en la arena política del país andino tan solo unos meses después de salir de la cárcel para anunciar su afiliación al partido político Fuerza Popular, fundado por su hija Keiko, sin descartar una eventual candidatura presidencial.
Fujimori salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Este se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad, sin embargo, la Justicia lo tumbó meses más tarde, hasta la resolución definitiva del año pasado.
Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 57 millones de soles (14 millones de euros).
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