En 2024 se batió el récord de alertas alimentarias desde que existen registros, según los datos publicados por el sistema europeo RASFF (Rapid Alert System for Feed and Food). En total se registraron en las fronteras de la Unión Europea 5.364 notificaciones.
De estas alertas, que se resuelven la gran mayoría en aduanas, “hay un parte importante que se demuestran injustificadas, falsas o interesadas, con el consiguiente perjuicio económico y reputacional para los sectores y empresas implicados”, según el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que indica que “crear alarma social en base a las alertas sanitarias o demonizar los productos del norte de África supondría un aumento en los precios a todos los niveles; y reducir el volumen de importaciones, además del descenso de la producción, que repercute directamente en el consumidor”.
Esta entidad sostiene que, en los últimos tiempos, son muchas las organizaciones, tanto de consumidores como ONGs y otras entidades “que aseguran ‘controlar’ la calidad de lo que consumimos, que han puesto en pie de guerra a numerosas empresas, sectores como el de la alimentación, agricultura y distribución, incluidas multinacionales, por culpa de sus informes y alertas sanitarias, en muchos casos gratuitas y sin base científica ni oficial”.
El Instituto Coordenadas sostiene que representantes de la gran distribución y de supermercados en España advirtieron recientemente de los “daños injustificados” que se producen en las ventas de múltiples productos por alertas sobre seguridad alimentaria “tergiversadas” y sobre las que después no se hace seguimiento y confesaron: “Nos sentimos indefensos”. Así lo han trasladado directivos del sector de la distribución y supermercados, que han indicado que están “muy preocupados por el uso de la información en seguridad alimentaria en nuestro país”, teniendo en cuenta que, además, es “uno de los grandes productores mundiales de alimentos” y un “gran exportador”.
El sector en el que más se incrementa el aluvión de alertas sanitarias es en la alimentación, indica el Instituto Coordenadas, que añade que “noticias tergiversadas sobre presuntas alertas de alimentos importados generan una alarma que repercute seriamente en la confianza de los consumidores, en las empresas importadoras y en los mercados españoles y europeos, según un análisis realizado recientemente por el Instituto de Coordenadas de gobernanza y economía aplicada. Bulos, desinformación o, en ocasiones, intereses comerciales y económicos que intentan desacreditar a los competidores y, no en pocas ocasiones, a empresarios españoles”.
Agrega que el caso de la fresa de Marruecos en las que se habría detectado hepatitis ha sido uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Muchos medios y posteriormente asociaciones de agricultores se hicieron eco de la alerta publicada por el portal europeo de notificaciones sanitarias. Pero esta entidad señala que no incidieron en que los exámenes realizados por organismos internacionales, como la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Marruecos (ONSSA), concluyeron que se no había detectado Hepatitis ni Novovirus en las pruebas hechas al agua de riego y a las fresas analizadas del campo de donde salió el lote que dio positivo en esa enfermedad en un punto de entrada de España. Y que la partida de fresas presuntamente con hepatitis nunca traspasó las fronteras y nunca llegaron a la cadena agroalimentaria española. La ONSSA realizó las investigaciones necesarias, que permitieron identificar el campo y la unidad de envasado afectados, así como rastrear el envío de fresas exportadas. Los representantes de la gran distribución y los supermercados incluso señalan que, además, iban destinadas a otros mercados. Pero, pese a ello, las ventas de fresas en las tiendas de alimentación españolas cayeron entre un 10% y un 15%, cifran las citadas fuentes.
Otro caso de alerta sanitaria injustificada que cita fue denunciado por empresas del sector de la alimentación, “ya que la ONG ‘Observatorio del Bienestar Animal’ estaría ‘chantajeando’ a supermercados y marcas para que lleguen a acuerdos de colaboración con ellos, y de no hacerlo les amenazan con sacar informaciones negativas sobre sus productos y sus prácticas contra el bienestar animal”, asegura el Instituto Coordenadas.
Asimismo, apunta que también fue mediático, poco tiempo después de la alerta por las fresas, cuando la Agencia Español de Seguridad Alimentaria (Aesan) ordenó la retirada de un lote de chocolate negro de la marca blanca de una cadena de supermercados españoles por la presencia de un cuerpo extraño, que se concretó “en un pequeño trozo de plástico en una tableta. La agencia emitió la alerta con la única fuente y confirmación de un cliente que había enviado una foto casi dos meses antes”, dice la entidad.
“Este cúmulo de casos han puesto en alerta y ha aumentado la preocupación en el sector de la distribución de alimentos y supermercados que ven como se incrementan las falsas informaciones y por consiguiente la alarma entre los consumidores, que provocan un descenso en las ventas y un perjuicio económico en toda la cadena, desde el agricultor hasta el cliente final. Desde el ámbito de la distribución llevan tiempo reclamando a los diferentes ministerios que se realice un control y se gestionen las alertas de la manera correcta. Se pone en primer lugar la seguridad alimentaria, pero también recalcan la importancia del uso de la información porque genera alarma en los consumidores y perjudica a las ventas”.
Por ello, relata que el sector pide confianza en la seguridad alimentaria europea, “que es eficaz y seguro”. Ante este tipo de informaciones, todas las agencias dedicadas al control de alimentos importados en los puertos y aduanas españolas y europeas “confirman que son exhaustivos y cuentan con mecanismos de seguridad que resultan efectivos, con reacción inmediata para bloquear, recoger y destruir cualquier alimento sospechoso”.
Dice el Instituto Coordenadas que las alertas sanitarias, que detectan habitualmente tanto la AESAN (Agencia española de seguridad alimentaria y nutrición) en España, como la RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) en Europa, e INFOSAN (Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos) a nivel mundial, impiden que cualquier alimento destinado al consumo humano llegue a los mercados y en consecuencia a los consumidores si no cumplen los muy estrictos controles. “Precisamente este tipo de controles y requisitos forman parte de las demandas de los agricultores europeos, que piden incrementarlos y que se igualen a las exigencias fitosanitarias que ellos tienen que cumplir”.
El Instituto de Coordenadas señala que “la agroindustria española es un éxito reconocido y la capacidad de producir en otros países, con rigor y calidad, forma parte de la ecuación. Otros discursos nacionalistas basados en informaciones sesgadas están fuera de escenario. Habría que recordar que estas importantes inversiones hacen crecer el PIB español y simultáneamente, fijan población y demanda de trabajadores locales, evitando movimientos migratorios desordenados. Los productos que de esos países llegan a Europa cumplen los requerimientos más rigurosos”.
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