Denuncia que la Audiencia Nacional recurre el 75% de las progresiones de grado de presos de ETA y solo el 25% del resto de reclusos
VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)
La red ciudadana Sare ha pedido al próximo Gobierno central que “devuelva” a las instituciones vascas la competencia en materia de supervisión de la ejecución de las penas impuestas a los condenados por pertenencia a ETA y que ponga fin a la legislación “excepcional” aplicada a este colectivo y al “control judicial” que se aplica desde la Audiencia Nacional, órgano competente en los delitos de terrorismo y que faculta a Fiscalía y juez para validar las progresiones a tercer grado.
Esta plataforma, dedicada a la defensa de los derechos de los presos que pertenecieron a la desaparecida organización terrorista, ha analizado este viernes, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, la situación en la que se encuentran estos reclusos.
Sare ha informado de que en la actualidad hay 166 presos de la organización terrorista, de los que 152 cumplen condena en cárceles vascas o navarras (13 en situación de prisión atenuada), uno en otras zonas del Estado y 13, en Francia. Además, ha explicado que 16 de esos reclusos padecen enfermedades graves. Respecto a la situación penitenciaria de esos presos, 128 permanecen en segundo grado y 24, en tercer grado.
CONTROL JUDICIAL CON “PUENTE DE MANDO”
Además de actualizar los datos sobre las progresiones de grado propuestas y rechazadas en los últimos meses para estos presos, los portavoces de Sare Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe han realizado una serie de peticiones al Gobierno central que, en su caso, pueda formarse a raíz de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio.
De esa forma, han pedido al futuro Ejecutivo que haga desaparecer “el control judicial con puente de mando” que ejerce la Audiencia Nacional sobre la situación de estos presos.
Sare ha pedido que se “devuelva” a las instituciones vascas (técnicos de los centros penitenciarios y sus juntas de tratamiento, Gobierno Vasco y órganos judiciales de Euskadi la competencia en materia de supervisión de la ejecución de las penas impuestas a los presos que en su día pertenecieron a ETA.
La red ciudadana ha subrayado que las referidas instituciones y profesionales de Euskadi “están plenamente capacitadas para, atendiendo a todas las sensibilidades, adoptar los acuerdos procedentes para finalizar con una situación que a nadie sirve y a todos nos duele”.
En referencia a los procesos legales de resocialización aplicados a las personas privadas de libertad, Sare ha explicado que “el control de los procesos de paulatina vuelta a la sociedad de estaspersonas debe ser ejercido por la misma sociedad a la que van a regresar”.
“Es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, los procesos a seguir por la aplicación de una legislación ordinaria deben ser diseñados, dirigidos y propuestos y aceptados por la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y judiciales”, ha añadido.
De esa forma, ha afirmado que “el control de estos procesos no puede estar en manos de personas que no conocen el país y que no son capaces de calibrar hasta qué punto estas personas se encuentran plenamente capacitadas para retornar a la sociedad”.
MODIFICAR LA “LEGISLACIÓN EXCEPCIONAL”
Asimismo, ha solicitado la derogación, o al menos su adaptación a las “actuales circunstancias” mediante modificaciones parciales, de “la legislación excepcional creada hace veinte años” para este colectivo. En su defecto, ha pedido que dicha legislación sea interpretada “de acuerdo con el contexto en el que nos encontramos”, en referencia al hecho de que ETA ya ha desaparecido.
Sare ha denunciado que los contenidos de esta legislación “han quedado superados y son objeto de crítica por diferentes sectores del mundo académico y judicial”, unos sectores que –según ha destacado– “en absoluto son conniventes con las personas presas o la organización a la que pertenecieron”.
La red también se ha referido a la forma en la que el Gobierno Vasco está gestionando las competencias penitenciarias asumidas en 2021. Esta plataforma ha recordado que desde que asumió dichas competencias hasta mediados de agosto del año pasado, las juntas de tratamiento de las prisiones vascas realizaron 25 propuestas de progresión a tercer que fueron aprobadas por la Viceconsejería de Justicia.
Sare ha considerado que en aquellos primeros diez meses “se produjo un avance muy tímido” en materia de propuestas de permisos de duración inferior a 48 horas, pese a que esta es una “competencia exclusiva” del Gobierno Vasco.
También ha explicado que desde la última semana de agosto 2022 hasta el día de hoy, las juntas de tratamiento han propuesto 24 progresiones a tercer grado, todas ellas aprobadas por la Viceconsejería de Justicia. Además, a fecha de inicio de este mes de agosto, hay otras ocho propuestas de progresiones a tercer grado aprobadas por las juntas de tratamiento y pendientes de su ratificación por el Gobierno Vasco.
“CONFRONTACIÓN” SOBRE SEMILIBERTAD Y PERMISOS
Esta plataforma ha afirmado que se trata de datos “positivos”, si bien ha precisado que se encuentran “aún muy alejados del posible resultado de la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, a todos aquellos presos vascos que, por el tiempo de cumplimiento, deberían encontrarse en semilibertad o libertad condicional”. Sare cifra en 115 el número de reclusos que deberían encontrarse en esta situación.
Por el contrario, ha denunciado que los órganos judiciales “continúan con la misma actitud de confrontación hacia las decisiones de las juntas de tratamiento, recurriendo una gran parte de las decisiones que éstas adoptan en relación a las progresiones a tercer grado y a permisos penitenciarios”.
“El acceso a los permisos se sigue bloqueando, incluso cuando secumplen estas altas cuotas de cumplimiento de la condena, al exigirse para ello los mismos requisitos que se establecen para el acceso al tercer grado: petición de perdón, arrepentimiento, repudio de los propios hechos o colaboración con la justicia”, ha censurado.
En materia de clasificación penitenciaria, ha afirmado que de las 24 progresiones a tercer grado aprobadas por el Gobierno Vasco en este último año, 16 han sido recurridas por el Ministerio Fiscal, y que queda pendiente de conocer la actitud que pueda tomar la Fiscalía sobre dos de las tres progresiones que se aprobaron en la última semana de julio.
En todo caso, ha denunciado que se están recurriendo un 75% de las progresiones a tercer grado que la Administración vasca ha aprobado en los últimos meses. Sare ha advertido de que estos datos “alcanzan aún mayor gravedad” si se tiene en cuenta que el porcentaje de recursos que la Fiscalía presenta para otro tipología de presos “no alcanza el 25%”.
La red también ha informado de que de las 16 progresiones a tercer grado recurridas por el Ministerio Fiscal, seis han sido revocadas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), por lo que los presos a los que les afectan estas medidas han regresado a segundo grado y a prisión; mientras que seis han sido ratificadas por el JCVP, de forma que estos reclusos han sido mantenidos en tercer grado, al desestimarse el recurso de la Fiscalía (en uno de los casos fue la propia Fiscalía desistió).
Asimismo, un caso quedó sin resolver al finalizar el preso la condena antes de que se resolviera el recurso, y otros tres recursos se encuentran pendientes.
Sare ha denunciado que estas cifras demuestran que los órganos de la Audiencia Nacional “ignoran y menosprecian el trabajo y las opiniones e informes” de los técnicos de los centros penitenciarios, así como de las juntas de tratamiento y del Gobierno Vasco. En este sentido, ha lamentado que “se hable de amnistía camuflada o impunidad”, ha añadido.
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