BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)
Las tres Asociaciones de Hostelería de Euskadi (SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Hostelería de Bizkaia) han fijado un procedimiento para que los establecimientos de hostelería de Euskadi puedan iniciar las reclamaciones económicas correspondientes contra el Gobierno Vasco por los cierres derivados de la covid-19 entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
Según han recordado las asociaciones en un comunicado, el 12 de diciembre de 2020, tras más de un mes de cierre “forzado” de los establecimientos de hostelería, el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre permitió la reapertura de los establecimientos de hostelería y restauración en los municipios de más de 5.000 habitantes, siempre que la Tasa Acumulada de casos positivos por covid en los últimos 14 días fuera inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, y en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes siempre que, por la situación epidemiológica o la existencia de brotes de contagio, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco no dijera lo contrario.
Con posterioridad, ya iniciado el año 2021, se dictó el Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, que venía a ratificar la medida adoptada y que tuvo como resultado que “un número muy importante de municipios, en los que residía la inmensa mayoría de la población vasca, continuaran con la hostelería cerrada en la medida que las Tasas Acumuladas eran superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en todos ellos”, han apuntado desde las asociaciones.
A la vista de la situación creada, ante el convencimiento de la “injusticia que se estaba cometiendo con el sector de la hostelería, en comparación con otros ámbitos económicos y sociales, y habida cuenta de la falta de motivación suficiente de las medidas adoptadas”, las Asociaciones de Hostelería de Euskadi decidieron impugnar las normas citadas solicitando la adopción de una medida cautelar que acabara con “el sufrimiento de miles de pequeños empresarios de hostelería, así como el de sus trabajadores, y permitiera la reapertura de sus establecimientos”.
Mediante Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de fecha 9 de febrero de 2021, en el que se acordaba adoptar la medida cautelar solicitada, los establecimientos de hostelería de toda Euskadi pudieron volver a funcionar con las limitaciones que se fijaban en los diversos Decretos del Lehendakari.
Además, el 5 de mayo de 2022, más de un año después de la interposición del recurso contencioso-administrativo, el TSJPV dictó Sentencia en el conflicto dando la razón a las Asociaciones de Hostelería de Euskadi, y declarando la nulidad de las disposiciones recurridas y haciendo expresa imposición de costas a la Administración demandada (Gobierno Vasco).
Un nuevo “varapalo judicial que reafirmaba la tesis mantenida por las tres Asociaciones de Hostelería en cuanto a la injusticia que se estaba cometiendo con la Hostelería de Euskadi y que fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno Vasco”, han indicado las asociaciones de hostelería.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo, mediante Providencia de fecha 15 de diciembre de 2022, inadmitió el recurso del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, volviendo a imponer las costas del procedimiento a la Administración Pública Vasca.
Esta decisión supuso la firmeza de la Sentencia del TSJPV y, por tanto, de la declaración de nulidad de las normas recurridas. Se trata del primer caso en todo el Estado en que el más alto Tribunal declara la nulidad de algunas de las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia, han destacado, para señalar que este hecho, “abre un nuevo escenario respecto de las reclamaciones patrimoniales planteadas hasta la fecha, al disponer de una sentencia judicial firme en el sentido expuesto”.
Con todos estos antecedentes, las Asociaciones de Hostelería de Euskadi decidieron entablar conversaciones en una doble vía: en primer lugar, con un despacho de abogados para que analizase y valorase económicamente la interposición de reclamaciones patrimoniales individuales por parte de las empresas afectadas; y, en segundo lugar, con el propio Gobierno Vasco con objeto de conocer su posición, habida cuenta de la situación de “ilegalidad” en la que se había incurrido.
En cuanto al primero de los puntos, tanto SEA Hostelería-Ostalaritza, como la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y la Asociación de Hostelería de Bizkaia, están en disposición de trasladar a sus asociados, haciéndolo extensivo a la totalidad de establecimientos de hostelería de Euskadi, un procedimiento tasado para realizar las reclamaciones individuales que correspondan.
Sin perjuicio de ello, cada establecimiento o empresa tendrá que analizar si merece la pena iniciar el procedimiento en base a sus cifras de negocio y los días en que su municipio se vio afectado por los cierres de actividad derivados de los Decretos del Lehendakari. En los próximos días las tres Asociaciones comenzarán una campaña de difusión en este sentido.
Por lo que respecta al segundo de los puntos, desde las Asociaciones de Hostelería se ha intentado que el Gobierno Vasco “reconociera su responsabilidad en lo sucedido”, pero lo que se ha recibido, según han indicado, ha sido “una respuesta negativa en tal sentido, oponiéndose a valorar compensación alguna, en tanto en cuanto no haya una resolución judicial que les condene al abono económico de los daños causados”.
La Hostelería de Euskadi, que se sienta “dañada y merecedora de una reparación por los días de cierre sufrido” en el período que va desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021, considera que está “en su perfecto derecho de iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial, que se espera sea tenido en consideración por el Tribunal Supremo”.
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