La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha presentado recurso contra el convenio ante la Audiencia Nacional
SAN SEBASTIÁN, 6 (EUROPA PRESS)
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la suspensión temporal del convenio firmado entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Defensa para compraventa de los Cuarteles de Loiola. El convenio, firmado el pasado 18 de diciembre de 2023, expiraba el próximo 18 de agosto, que suponía la fecha límite para la firma de las escrituras de la compraventa de los terrernos.
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, en rueda de prensa, ha explicado que esta suspensión temporal “no afecta a la compraventa de los terrenos, que se realizará una vez el Servicio Provincial de Costas se pronuncie sobre la alegación que tanto el Ayuntamiento, como el Ministerio de Defensa y la la Agencia Vasca del Agua-URA hemos presentado al expediente de rectificación de la línea de deslinde, para que se sitúe en los 20 metros”.
“El 18 de agosto teníamos establecida la fecha límite para la formalización de las escrituras de compraventa, y no es previsible que antes del ese día la resolución de Costas esté emitida. Nosotros contemplamos que pueda ser en el mes de septiembre, y es esa la razón fundamental por la que de mutuo acuerdo hemos decidido suspender el plazo”, ha puntualizado.
Asimismo, la citada suspensión estará en vigor hasta que se conozca el contenido del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra el convenio ante la Audiencia Nacional.
Goia ha señalado, en este sentido, que “esta segunda eventualidad, por decirlo de alguna manera, es distinta” ya que, en caso del establecimiento de una línea de deslinde de 100 metros, “sería un perjuicio notable sobre los cálculos realizados en el convenio que se firmó con el Ministerio de Defensa”.
En cuanto a la demanda, ha afirmado que “habrá que ver qué posibilidades de prosperar tiene, pero bueno, eso los tribunales dirán”. Según ha apuntado, “en el peor de dos casos la consecuencia sería volver a la situación original, de tal manera que no existiría una pérdida por parte del Ayuntamiento de San Sebastián, simplemente se desharía el contrato, pero devolviendo las partes cada uno de los bienes que se han comprometido”.
A su juicio, “es difícil que eso pueda llegar a suceder, porque lo que en sí parece que han impugnado es el convenio, no otra cosa”. De este modo, el alcalde ha insistido en que “en ese eventual caso no sería un perjuicio para las arcas del Ayuntamiento, porque sería una mala noticia por supuesto, pero se retrotraería las posiciones”.
Una vez se produzcan esas dos circunstancias, en el plazo máximo de un mes, el Consistorio donostiarra comunicará a las otras partes en el convenio su voluntad de continuar, o no, con la adquisición de las propiedades objeto del Convenio de 18 de diciembre de 2023.
FECHA “EXACTA”
Tras señalar que no se atreve a “poner la fecha exacta de septiembre” para la resolución de esta asunto porque, tal y como ha destacado, “estamos en manos de terceros”, Eneko Goia ha confiado en que “sea lo antes posible, y tan pronto eso suceda, creo que estaremos en condiciones de hacerlo con garantías”.
El regidor donostiarra ha admitido que, en el caso de la resolución de Costas sobre el deslinde, resulta “un poco incomprensible que, cuando al final de lo que estamos hablando es de un acuerdo con un Gobierno, y forman parte del mismo Gobierno el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Costas, pues tengamos que andar así”.
En cuanto al recurso en la Audiencia Nacional, ha considerado que “es un obstáculo que vamos a tener que sortear”. “Últimamente en la política estamos acostumbrados a ver cómo se intentan bombardear muchísimas cosas en los tribunales, pero creo que eso no nos puede parar, o no nos debería parar”, ha asegurado.
“Lo mismo pasa en esta ciudad con algunas otras cosas. Parece que se ha puesto de moda, pero eso es muy perjudicial para la gestión pública, evidentemente”, ha insistido Goia, quien ha recordado los recursos presentados en su momento por Vox y Áncora sobre la protección de los cuarteles.
“Nosotros hicimos un análisis de los contenidos de la sentencia, lo valoramos con respecto a las posibilidades de edificabilidad que teníamos en ese ámbito y veíamos que no era crítico y por eso decidimos seguir adelante”, ha apuntado.
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