Anuncia un régimen sancionador contra la exhibición de símbolos de ETA o de otros grupos terroristas
VITORIA, 25 (EUROPA PRESS)
La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo protocolo que establezca “mejoras” en la información que reciben las víctimas sobre las progresiones de grados u otros cambios en la situación penitenciaria de sus victimarios. Asimismo, ha informado de que se implantará un régimen sancionador contra la exhibición pública de símbolos de ETA o de otros grupos terroristas.
San José, que ha presentado en el Parlamento Vasco las prioridades de su departamento para la legislatura, ha planteado la necesidad de establecer “una memoria deslegitimadora, critica e inclusiva”, algo que considera especialmente importante “en la situación global actual, en la que se pretende volver a cuestionar los valores de la libertad, la pluralidad y la convivencia”.
La consejera se ha mostrado partidaria de “fortalecer el vínculo entre la persecución del delito y la atención a las víctimas utilizando la gestión penitenciaria como puente”. Con ese fin, ha afirmado que se promoverá “el reconocimiento del daño causado y su injusticia, garantizando el derecho constitucional a la reinserción”.
El objetivo –ha añadido– es que el condenado “comprenda el motivo de su condena y cuál es su responsabilidad”, y que las víctimas de cualquier tipo de delito “sientan que existe una reparación para el daño recibido en la medida de lo posible”.
La consejera, que ha anunciado que en los próximos días se reunirá con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para trasladarle “la necesidad de contar con más juzgados”, ha dado a conocer que las comunicaciones de progresión de grado a los reclusos se comunicarán en ambas lenguas oficiales de Euskadi –euskera y castellano–.
San José, que ha recordado que “cualquier penado vasco puede reclamar cumplir su condena aquí”, ha explicado que hasta ahora, la comunicación de las progresiones de grado en euskera y castellano se aplicaba solo a los condenados por terrorismo. Según ha indicado, esto es algo que “excluye de derechos lingüísticos al resto de la población reclusa, que es la inmensa mayoría”.
La consejera ha dado a conocer que en esta legislatura se actualizará la ‘Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa’ con el fin de “avanzar en una mejor conexión entre las áreas de Justicia e Instituciones Penitenciarias en el marco de la ejecución penitenciaria”. En este sentido, se apostará por un modelo basado en “la reparación del daño causado y el restablecimiento de la norma infringida a través del reconocimiento del daño injusto cometido”.
La consejera ha añadido que las decisiones de los tribunales “afectan a la reinserción” de los reclusos, y que es necesario “orientar mejor el proceso y aplicar la pena en los centros más apropiados para la situación de esa persona”. San José ha recordado que los presos “siguen conservando derechos”, y que la “obligación” de la Administración es “preservarlos, por mucho que nos repugnen sus crímenes”.
En el apartado administrativo, ha explicado que se va a dotar a la administración penitenciaria –integrada por 800 trabajadores y tres prisiones que albergan a 1.600 reclusos– de una nueva estructura, a través de la creación Dirección de Servicios Penitenciarios. Asimismo, ha informado de que espera que antes de fin de año pueda aprobarse la Relación de Puestos de Trabajo de la administración penitenciaria vasca.
En su intervención, ha destacado que la “responsabilidad” del Gobierno es que cuando los presos recuperen la libertad “lo hagan recuperando todos los valores de inclusión”. En este sentido, ha señalado que para que ese modelo “sea un éxito real”, es necesario establecer “una comunicación directa con las víctimas de los delitos, para que entiendan las medidas que se adopten”.
La consejera ha señalado que esta es una cuestión “especialmente sensible para quienes han sufrido atentados contra su integridad física o psíquica, como las víctimas de violencia de género o contra la libertad sexual, y las víctimas del terrorismo”.
Por ese motivo, el departamento ha empezado a analizar con estos colectivos “mejoras en la comunicación de las situaciones cambiantes de los victimarios que les afecten”, con el fin de aprobar un nuevo protocolo de información a las víctimas.
Asimismo, y en respuesta a las críticas del PP, ha recordado que bajo los gobiernos del Partido Popular se concedieron libertades provisionales y terceros grados a condenados por terrorismo “incluso cuando ETA aún mataba”.
Por otra parte, se ha comprometido a reforzar las actuaciones sobre memoria y derechos humanos, especialmente las dirigidas a jóvenes. En este sentido, ha indicado que es necesario no olvidar que “ha habido grupos terroristas que decidieron organizarse para eliminar al diferente”, y que ETA ha sido “la organización terrorista que más persistió en el tiempo en toda Europa”.
También ha subrayado que “ha habido personas que, haciendo un uso ilegítimo del poder, policial o judicial, decidieron sobre la vida y la integridad de las personas, también con fines políticos”. A su vez, ha advertido de que no se debe olvidar que la dictadura franquista “utilizó todos los resortes de poder para imponer un sistema totalitario que vulneraba los derechos humanos”.
Por todo ello, ha advertido de que “no es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público”. San José ha añadido que “una sociedad democrática plena debe ser proactiva para rechazar expresamente y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de ningún victimario”.
En este sentido, ha informado de que el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo “tiene avanzada una posición” que “supondría una reforma legal acotada”, en la que se incluiría un régimen sancionador, en una línea similar a lo que ya se recoge en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
La consejera también ha afirmado de el Gobierno “mejorará” los recursos de los que dispone la comisión que analiza las solicitudes de reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por cuerpos policiales.
En su intervención, la consejera también ha avisado de la importancia de “impedir el ascenso de la ultraderecha” en Euskadi, para lo que ha planteado la necesidad de “utilizar la pedagogía democrática”.
OPOSICIÓN
Por parte de la oposición, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha afirmado que es necesario “poner los cimientos para una memoria colectiva” en la que se reconozcan “todos” los sufrimientos que se han producido, “y no solo algunos”.
Laura Garrido (PP) ha denunciado que la transferencia de prisiones ha “desbordado” al Gobierno Vasco, y ha acusado a la consejera de ponerse “al servicio de conceder beneficios a los presos de ETA”.
La parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que “en los últimos años la concesión de progresiones de grado se ha basado en arrepentimientos rara vez creíbles”.
GOBIERNO
Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno (PNV y PSE), el ‘jeltzale’ Xabier Barandiaran se ha mostrado de acuerdo con la “idea principal” que subyace en las medidas anunciadas por la consejera, aunque ha matizado que “algunos elementos” a los que se ha referido San José, que pertenece al PSE, “no están recogidos en el acuerdo de Gobierno”.
“Para nosotros es más adecuado ponernos a trabajar para llegar a acuerdos; y no primero aparecer en el espacio público y luego tratar de llegar a acuerdos”, ha criticado.
Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha agradecido a la consejera su lenguaje “claramente garantista” con los derechos de los reclusos, “pero también claramente empático” con las víctimas.
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