Un informe recoge la “injusticia padecida” por el colectivo como consecuencia de la amenaza de ETA entre los años 1980 y 2011
SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)
El Gobierno Vasco recoge en un informe que “todos los funcionarios de prisiones, sin excepción, vieron gravemente vulnerados sus derechos y fueron víctimas y objeto de la amenaza de ETA” y que todos ellos, “sin excepción”, merecen “verdad, memoria y reconocimiento”. En ese sentido, reivindica “un relato justo de lo ocurrido que ponga en primer término el sufrimiento injusto padecido por las víctimas como forma de alcanzar un proceso de empatía con las mismas”.
El ‘Informe sobre la injusticia padecida por el funcionariado de centros penitenciarios como consecuencia de la amenaza de ETA (1980-2011)’, encargado por la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe Universidad de Deusto, se centra especialmente en los funcionarios de prisiones que, trabajando en alguna de las prisiones vascas, residían también en Euskadi.
El director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Gorka Urrutia, ha presentado este informe en San Sebastián, en la segunda jornada del curso de verano de la UPV/EHU ‘Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco’,
El documento recoge que el 14 de octubre de 1983 ETA asesina a Alfredo Jorge Suar Muro, médico pediatra y doctor del centro penitenciario de El Puerto de Santa María, primera víctima mortal vinculada a los centros penitenciarios. Unos días después ETA emite un comunicado en el que asume su responsabilidad y extiende la amenaza a todo el funcionariado de prisiones.
Después de este asesinato el colectivo de funcionarios de prisiones sufrió varios atentados más y varias personas resultaron asesinadas desde 1983 hasta el año 2000. El 11 de agosto de 1989 Conrada Muñoz Herrera, madre de un funcionario de prisiones, fue asesinada por la explosión de un paquete bomba camuflado en un libro que iba dirigido a su hijo en Montillana (Granada). La explosión también hiere a otro de sus hijos y a una sobrina.
El 13 de marzo de 1990 Ángel Jesús Mota Iglesias, funcionario del centro penitenciario de Martutene, es tiroteado mortalmente en la calle con su hijo recién nacido en brazos, mientras aguardaba que su mujer cerrase la tienda que regentaba en San Sebastián.
El 28 de junio de 1991 Manuel Pérez Ortega, funcionario de prisiones, es asesinado por la explosión de una bomba, en la cárcel de Sevilla, que iba dirigida a su director Javier Romero Pastor. En este atentado murieron además dos internos (Donato Calzado y Jesús Sánchez Lozano) y Raimundo Pérez, familiar de otro interno. Resultaron heridas otra treintena de personas.
El 22 de enero de 1993 el funcionario de prisiones José Ramón Domínguez Burillo es tiroteado en San Sebastián mientras iba de camino a su trabajo, y el 11 de marzo de 1997 Francisco Javier Gómez Elósegui, psicólogo funcionario de la cárcel donostiarra de Martutene, es asesinado de un disparo en la nuca cuando salió de su domicilio camino de su trabajo.
El 22 de octubre de 2000 una bomba colocada en los bajos de su vehículo en el garaje de su vivienda en Vitoria estalló nada más arrancar, provocando la muerte del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera.
Además de los atentados con víctimas mortales, ETA cometió más atentados con el fin de asesinar a otras personas funcionarias de prisiones. Así, el 17 de abril de 1997 atentó contra Juan José Baeza en Errenteria y el 3 de junio de 1997 contra Francisco Camacho en Granada.
Sin embargo, uno de los atentados que mayor impacto tuvo en el colectivo del funcionariado de prisiones y en la sociedad en general fue el secuestro de José Antonio Ortega Lara el 17 de enero de 1996. El funcionario estuvo retenido por ETA durante 532 días y la principal reivindicación exigida por ETA para su liberación fue la reagrupación de sus presos en cárceles vascas, así como la finalización de la política de dispersión.
La extensión en el tiempo del secuestro de Ortega Lara supuso “un golpe muy duro” para el conjunto del funcionariado de prisiones, que durante este tiempo realizó innumerables movilizaciones para reclamar su liberación. ETA tuvo retenido a Ortega Lara hasta el 30 de julio de 1997, fecha en la que un operativo de la Guardia Civil consiguió dar con los secuestradores y el lugar en el que estaba secuestrado, liberándolo del cautiverio.
“AMENAZA DE ETA”
El informe señala que el funcionariado de prisiones fue uno de los colectivos que sufrió la amenaza de ETA y que “esto se vivió con mayor o menor intensidad en función del lugar de trabajo de estas personas, pero en ningún caso dejaron de ser objetivo” de la organización terrorista.
Las circunstancias “condicionaron la vida de estas personas” y la “amenaza era más visible” en los tres centros penitenciarios vascos. “Esta situación vivida supuso una anomalía perversa por cuanto conculcó numerosos derechos fundamentales de las personas, reconocidos como imperativos, irrenunciables e inalienables por todos los ordenamientos jurídicos democráticos tanto a nivel doméstico como internacional”, apunta el documento.
Se ha podido comprobar a través de los testimonios recogidos que el hecho de ser objetivo directo de ETA iba acompañado de “amenazas directas e indirectas”. Unas amenazas que, con su prolongada acción en el tiempo, “dejaron un poso emocional en forma de estrés permanente o postraumático en la mayor parte de estas personas”.
REPARACIÓN
Por ello, ve preciso “reparar ambos ámbitos -el individual y el grupal- a través de un proceso en diferentes fases y con elementos comunes”. En primer lugar, se precisa la consecución de “un relato justo” de lo ocurrido que “ponga en primer término el sufrimiento injusto padecido por las víctimas como forma de alcanzar un proceso de empatía con las mismas”.
Asimismo, apuesta por realizar propuestas con las que contribuir en el seno de la opinión pública a “la reflexión crítica y al debate en torno al recuerdo, la memoria y la búsqueda de vías para la reparación que necesitan las víctimas y las personas que han sufrido la violencia de ETA”.
El informe considera que, en el caso del funcionariado de prisiones es preciso tener en consideración “los condicionantes que ha sufrido en tanto en cuanto la imagen estereotipada que de este colectivo se tiene por el conjunto de la sociedad haya podido distorsionar muchos de esos aspectos relacionados con la verdad de su profesión”.
Finalmente, el documento realiza una serie de recomendaciones entre las que están “presentar ante la opinión pública y difundir el sufrimiento injusto padecido por el personal funcionario de prisiones bajo la amenaza de ETA, incorporando su punto de vista para que el relato construido lo sea desde la convicción del daño causado”.
También dar a conocer la labor que se hace en los centros penitenciarios, “más allá de los estereotipos e imaginarios que se puedan tener sobre el trabajo del funcionariado de prisiones”, y evitar “la relativización de las agresiones, coacciones y hostigamiento sufridos por las víctimas como si hubiese sido una situación inevitable”.
Asimismo, sugiere “apoyar e incentivar la creación de trabajos de ficción y creación artística que reflejen con mayor certeza la realidad de los centros penitenciarios, así como en el caso de la violencia sufrida, recoger el punto de vista de las víctimas para que ayuden a la ciudadanía en el proceso de empatía con las mismas” y concienciar sobre el rol del funcionariado de prisiones y el sistema penitenciario en su labor de resocialización de quienes han cometido delitos y crímenes.
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