La consejera explica que, al tratarse de un centro privado que no recibe fondos públicos, su gestión “no corresponde” a Educación
VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha afirmado que la inspección educativa del Gobierno Vasco tiene “poco margen de maniobra” respecto a la presunta agresión sexual a una menor de un centro de enseñanza libre ubicado en el edificio municipal Villa Landetxe de Aiete (Gipuzkoa), dado que se trata de un centro privado cuya gestión “no corresponde” a su departamento.
Pedrosa, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha recordado que este es un colegio privado que “no recibe ningún fondo público y tampoco tiene una autorización administrativa” por parte del Departamento de Educación.
“Entiendo que tendrá su correspondiente licencia de actividad municipal, pero es un centro que no depende del Departamento de Educación y del Gobierno Vasco, con lo cual poco tengo que decir”, ha afirmado.
En la misma línea, ha manifestado que no dispone de información sobre si el centro ha sido cerrado o no tras darse a conocer este presunto caso de abusos, puesto que al Departamento de Educación “no le corresponde gestionar” este colegio.
La consejera, en todo caso, ha subrayado que “todos los centros educativos de Euskadi que reciben fondos públicos tienen que cumplir con la Ley de infancia y juventud, con la Ley de educación, y con los protocolos establecidos en coordinación con la Ertzaintza, con los servicios sociales, con el Departamento de Bienestar, y con las diputaciones”.
PROTOCOLOS
Pedrosa ha añadido que todo esto “está muy bien recogido en el documento que se trabaja de manera preventiva con todos los centros educativos donde se habla de cómo hay que abordar cualquier detección o identificación de desprotección y de cualquier tipo de violencia”.
“En cualquier situación que se da un caso de desprotección, el centro educativo sabe cómo tiene que actuar, cómo tiene que desplegar el protocolo, y automáticamente se activa dicho protocolo con la colaboración de la inspección educativa”, ha subrayado.
En el caso concreto de este colegio, ha afirmado que su departamento “no puede acceder a un centro donde no tiene potestad y con el que la inspección no tiene una relación sistemática”. “Estamos hablando de un centro que tiene una relación más municipal que con el departamento, y es una etapa no obligatoria”, ha añadido.
Por ese motivo, ha explicado que la inspección educativa “tiene poco margen de maniobra”. “Si se recurre al departamento por alguna cuestión, se atiende, pero en este caso la información ha sido directamente gestionada porque una familia ha debido de poner una denuncia en la Ertzaintza”, ha indicado.
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