De Andrés (PP) cree que el departamento dirigido por el PSE “no está actuando conforme a la ley”
VITORIA, 11 (EUROPA PRESS)
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha defendido que su departamento “actúa en estricta legalidad y con nulos privilegios a los condenados por terrorismo” y ha rechazado “entrar en el juego político perverso que plantea el PP por intereses ajenos a las víctimas”. Además, ha afirmado que entiende “el sentimiento de las víctimas”, por lo que se van a “esforzar para mejorar la comunicación” de las progresiones de grado.
En el pleno de control al Gobierno que se está celebrando en la Cámara vasca, el parlamentario del PP Javier de Andrés ha preguntado a la consejera sobre la autorización del Gobierno Vasco del tercer grado a los presos de ETA Harriet Iragi y Luis Mariñelarena.
Iragi fue condenado por los asesinatos en el año 2000 del concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena, del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero García, y del coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz Cariñanos. Por su parte, Mariñelarena cumple condena por participar en el atentado con coche bomba que asesinó al que fuera vicelehendakari del Gobierno Vasco, el socialista Fernando Buesa, y a su escolta Jorge Díez Elorza.
El presidente del PP vasco cree que el departamento de San José “no está actuando conforme a la ley” y ha defendido que “una cultura de paz no pasa por sacar a la cárcel a terroristas que no se han arrepentido, que no han pedido perdón y que no colaboran con la justicia”.
“No quiero ver a estos presos recibiendo homenajes o dando conferencias en la universidad o yendo en listas de algún partido político; eso es lo que usted está promoviendo porque no cumple la legalidad”, ha insistido antes de señalar a la consejera que “no merece la pena hacer esto por el gobierno de Sánchez”.
En su respuesta, la consejera ha recordado que estas progresiones de grado “no son las primeras” y ha detallado que hasta la fecha se han autorizado 59, dos de ellas por delitos de sangre, que son a las que el PP se refiere en su pregunta.
“En contra de todo su argumentario, este departamento actúa en estricta legalidad y nulos privilegios a los condenados por terrorismo. Estoy cumpliendo lo que me comprometí a hacer en este Parlamento y ante las víctimas”, ha subrayado.
Asimismo, ha advertido de que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos no va a ser “el departamento de los presos de ETA” y ha reiterado que “han sido y van a ser escrupulosos en la legalidad, en el tratamiento individualizado, sin excepciones ni privilegios”.
“El departamento ha cumplido la ley; el personal penitenciario que ha elaborado los informes es riguroso; y entendemos el sentimiento de las víctimas, por lo que nos esforzaremos en que mejore la comunicación de estas decisiones”, se ha comprometido.
“EJERCICIO DE CINISMO”
San José ha criticado el “ejercicio de cinismo absoluto” del PP y ha recordado que los populares han registrado una proposición de ley en el Senado que pide modificar el artículo 72.6 de la ley general penitenciaria, referido a los requisitos para la progresión de grado.
“Está admitiendo que este departamento cumple la ley porque si lo quiere cambiar es porque no es tan claro como usted lo ha dicho aquí; y la quiere cambiar justo cuando los socialistas nos hacemos cargo de la gestión penitenciaria en Euskadi, no antes”, ha destacado.
Además, ha advertido de que esta reforma legal “no cambiaría la realidad de quienes ahora están en prisión” porque “la ley no tiene efectos retroactivos como dice la Constitución”.
“Una segunda muestra de cinismo es pretender vincular las progresiones de grado a supuestos pactos políticos. El presidente José María Aznar excarceló a más de 300 terroristas, 64 de ellos con penas mayores a 20 años, mientras ETA mataba. ¿Con qué criterios jurídicos? ¿Con qué informes? Quizás lo sepa, porque usted era en ese momento el delegado del Gobierno”, ha recordado.
COMUNICACIÓN CON LAS VÍCTIMAS
La consejera ha insistido en que no van a “utilizar a las víctimas ni su dolor” y sí van a “redoblar esfuerzos de comunicación con ellas”. “No esperamos su aplauso, esperamos que entiendan las decisiones aunque no las compartan”, ha señalado.
Finalmente, ha reiterado que no van a conceder “a los presos terroristas ningún reconocimiento como colectivo, ni privilegios, ni restricciones de los derechos”, ya que van a aplicar la ley “con rigor y de forma individualizada”.
“No entraremos al juego político perverso que nos plantea el Partido Popular por intereses ajenos a las víctimas. Haremos política deslegitimadora del terror y trabajando para que se reconozca la injusticia del daño causado”, ha defendido.
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