BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)
La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha cifrado en 800 los afectados por la anulación por el Tribunal Supremo del traspaso a Euskadi de la competencia de homologación de títulos extranjeros.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Garmendia ha señalado que los Gobiernos central y vasco trabajan conjuntamente, “en un ámbito de confianza, entendimiento y colaboración interinstitucional”, para ver cuáles pueden ser las alternativas y las decisiones a adoptar ante las sentencias del Supremo.
“Es un fallo judicial absolutamente inesperado. Los dos Gobiernos están trabajando, analizando para actuar después en consecuencia”, ha indicado, para asegurar que esta transferencia “ha sido querida por el Gobierno Vasco y el de España, que la posibilitó”.
Según ha asegurado, aunque hay 200 expedientes pendientes en Euskadi, son más de 800 los afectados en total. En concreto, hay dos centenares que están inscritos en la lista de Euskadi a la espera de que se les homologue el título universitario, pero en la estatal hay otros 600 que aspiran a poder trabajar en Euskadi lo antes posible.
La delegada del Gobierno ha apuntado que se reunió la semana pasada con el secretario general de Universidades, y ha asegurado que está implementando “medidas que están aliviando ya de manera efectiva este problema”.
Marisol Garmendia ha señalado que cree “firmemente en la separación de poderes y España es un Estado democrático de derecho que, a veces, puede parecer que algunos fallos judiciales no concuerdan con esa separación de poderes”.
“Yo quiero dejar claro que la voluntad política y el compromiso político del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a los acuerdos adoptados con el Lehendalari Pradales para seguir avanzando”, ha indicado.
Garmendia también se ha referido al despliegue de la Ertzaintza en Puertos y Aeropuertos vascos para hacerse cargo de la seguridad, para asegurar que no se ha reducido el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en estas instalaciones, que “siguen cumpliendo las funciones que tienen asignadas de control de fronteras, de pasaportes o mercancías”.
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