Censura que la Ley de Amnistía es “para unos pocos” y “pone en cuestión la labor de los tribunales”
BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha denunciado este jueves que el Gobierno da pasos para afirmar que en España existe el ‘lawfare’, por la inclusión del término en el acuerdo de PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez.
“De momento lo que tenemos son peticiones de comisiones en algunos Parlamentos”, ha dicho durante un receso del congreso que la asociación celebra en Bilbao bajo el lema ‘La dignidad de ser juez’. “Hablaron el otro día de solicitudes de constitución de comisiones de revisión de determinados procedimientos, incluso en el Parlamento de la nación”, ha respondido.
“Lo que sí es verdad es que está plasmado en unos acuerdos políticos, entre dos fuerzas políticas (PSOE y Junts), que en definitiva sostienen al gobierno legítimamente constituido”, ha agregado. Por ello, ha afirmado que “lo cierto y verdad” es que en los acuerdos políticos “sí que consta de manera específica, concreta y precisa” la existencia del ‘lawfare’, y “parece que se está caminando en ese sentido” porque se han producido peticiones de constitución de comisiones.
“No es que lo diga yo, es que está. Por lo tanto, en fin, la fuerza de los hechos es mucho más clara de una opinión de quien en un momento determinado pueda darla. Juzguen ustedes mismos”, ha zanjado.
AMNISTÍA
Carbonero se ha referido a la Ley de Amnistía ante la que considera “necesario y obligado poner en valor y que la sociedad sepa las implicaciones que una proposición de ley, como la que se está tramitando en las Cortes, tiene no solamente para el Poder Judicial”, sino también “para la salud del sistema constitucional y del sistema democrático en este momento”.
“Creo que es muy necesario, afecta a la separación de poderes, es una ley que no es una ley general, es una excepción a un principio fundamental de toda ley por el hecho de serlo, que es el principio de generalidad, una ley para todos”, ha argumentado.
Para el portavoz de la asociación conservadora, “esto no es una ley para todos” sino “para unos pocos” y, además, “afecta a la separación de poderes y pone en cuestión la labor de los tribunales”.
En su opinión, al final, significa que en España, bajo el régimen constitucional de 1978, “se reconoce la existencia de delitos políticos y de que los tribunales han condenado por delitos políticos”, una consideración que considera “difícil de compartir”.
“Nosotros estamos en defensa del sistema constitucional de 1978, es el que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, desde abajo hasta arriba, y evidentemente no podemos estar, ni muchísimo menos, a favor de una proposición de ley que atenta contra los principios fundamentales de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho”, ha insistido.
Además, ha indicado que “toda proposición de ley, toda amnistía per se, por principio y por concepto, implica y supone, aparte de un borrón y cuenta nueva, una revisión de lo ya hecho”. “Llámenle ustedes como quieran, pero por naturaleza, por principio, una amnistía supone al final revisar y cuestionar lo que se ha hecho antes”, ha dicho.
El portavoz de la APM ha afirmado que “esto no es como en el año 77”, sino que “se está sometiendo a cuestión un sistema penal que ha salido de la Constitución de 1978”. “Estamos hablando de cuestionar la Constitución de 1978 y las instituciones que han nacido y que se han consolidado al abrigo y al amparo de la Constitución que nos hemos dado todos al final”, ha puntualizado.
Sobre la constitucionalidad o no de esta ley, el magistrado ha asegurado que “eso lo tendrá que decir, que no lo tengo que decir” y ha ironizado al afirmar que el Gobierno “ya sabe de antemano, antes de que se apruebe, de que es una proposición de ley que cumple todos los estándares en materia de constitucionalidad”.
LABOR HERCÚLEA
“Yo no seré tan atrevido como el Gobierno en este caso a la hora de hacer declaraciones precisamente en un sentido contrario, para eso está el Tribunal Constitucional que tiene una tarea, creo que hercúlea en este sentido”, ha manifestado.
Para el portavoz de la APM se trata de “un momento histórico para todo el mundo y para todas las instituciones”. “Para el Poder Judicial por una parte, pero también para el Tribunal Constitucional y, en definitiva, para un sistema de separación de poderes y para los poderes que integran la organización del poder”, ha indicado.
Juan José Carbonero ha asegurado que no va a ser “tan atrevido como el Gobierno”, porque no le “corresponde ni muchísimo menos”, y deberá ser el Tribunal Constitucional, “en el ejercicio de sus funciones”, el que decida sobre la constitucionalidad o no en el caso de que se culmine con la aprobación y la promulgación de esta proposición de ley”.
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