BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barakaldo ha instado a la empresa que gestiona el Kbus a que se siente a negociar con la voluntad de llegar a acuerdos. El pleno municipal, en sesión ordinaria, ha rechazado esta tarde las peticiones de la UTE que gestiona el servicio para restablecer un equilibrio económico del contrato y resolver el contrato de mutuo acuerdo; dos cuestiones en las que según cuatro áreas municipales (Servicios Municipales, Contratación, Secretaria e Intervención), la empresa no ha acreditado ni presentado ningún motivo que justifique dichas peticiones.
Según ha informado el consistorio vizcaíno, la plantilla del Kbus lleva un año de huelga pidiendo mejoras en sus puestos de trabajo. Durante este tiempo, el Ayuntamiento ha estado intermediando en la negociación para que empresa y plantilla alcancen un acuerdo.
En el pleno de este jueves se ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de que la empresa se siente a negociar con voluntad de acuerdo, para que el servicio vuelva a prestarse con calidad lo antes posible y que los trabajadores del Kbus puedan contar pronto con un nuevo convenio.
“La empresa no debe olvidar que tiene que prestar el servicio, tiene unas obligaciones y, por tanto, resuelva los problemas que tiene con los y las trabajadoras, porque este Ayuntamiento incluyó en los pliegos todos los mecanismos para garantizar que este contrato tenga una dotación económica suficiente”, ha indicado el concejal del Área de Infraestructuras municipales, Jon Andoni Uria.
RECHAZO A LAS PETICIONES DE LA EMPRESA
De hecho, el Ayuntamiento ha actualizado el precio del contrato para 2022 en 115.323,58 euros más, y para 2023, en 241.013,32 euros más. En 2024 y años sucesivos procederá a revisar el precio, de acuerdo con los mismos parámetros.
Por tanto, se han activado y aplicado ya las medidas de actualización y revisión económicas contempladas en los mismos. Además, los pliegos ya recogen cláusulas de garantía de los derechos y condiciones de los trabajadores. De hecho, incorporaron el último acuerdo alcanzado entre empresa y plantilla en marzo de 2019, con vigencia hasta diciembre de 2022.
El pleno ha aprobado hoy la propuesta técnica para rechazar las peticiones formuladas por la empresa que gestiona el servicio, ya que, según se recogen en los informes, la empresa no ha acreditado ni justificado de forma alguna sus peticiones.
“Reiteramos nuestra ayuda y mediación velando porque se cumpla el marco legal existente y actuando con las herramientas que disponemos en los pliegos, con el objetivo de que ambas partes lleguen a un acuerdo”, ha concluido Uria.
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