Abre el IV Foro Jurídico de Gipuzkoa bajo el lema ‘Más derechos para las personas con discapacidad’ en San Sebastián
SAN SEBASTIÁN, 27 (EUROPA PRESS)
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha señalado que el Ejecutivo Vasco trabaja para “garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones”.
Artolazabal ha participado este martes en la apertura del IV Foro Jurídico de Gipuzkoa que bajo el epígrafe ‘Más derechos paralas personas con discapacidad’ se ha celebrado en San Sebastián.
La inauguración del encuentro ha contado también con las intervenciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y de la Fiscal Superior del País vasco, Carmen Adán.
Artolazabal ha puesto en valor encuentros como este porque “sirven para tomar conciencia de que podemos respetar la autonomía y voluntad de las personas con discapacidad”, permitiéndoles que tomen sus propias decisiones “y ejerzan su capacidad jurídica, con los apoyos que, en su caso, requieran”.
La consejera también ha afirmado que “necesitamos concienciar a la sociedad, y en especial a los operadores jurídicos, en materia de discapacidades y acceso a la Justicia”. Además, durante su intervención se ha referido a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, a su juicio, “supuso un cambio frente a la respuesta sobreprotectora anterior”.
Esta nueva manera de actuar se ha visto reflejada, según ha expuesto, en dos leyes recientes: la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; y la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que extiende el concepto de la accesibilidad cognitiva.
“La nueva Ley parte de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica”, ha explicado, para añadir, a continuación, que “desaparece, en consecuencia, el antiguo sistema de incapacitación,tutela y representación”. Según ha explicado, ello conllevará la revisión de las sentencias de incapacitación anteriores, proceso que debe culminar antes de 3 de septiembre de 2024 y que requerirá “refuerzos puntuales en los juzgados”.
Artolazabal ha anunciado que, en el marco del Plan Estratégico de Justicia de Euskadi (2021-2025) y del apartado Justicia con personas vulnerables, su Departamento trabaja “en una propuesta de plan de acción para garantizar el acceso a la Justicia de personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”.
Según ha destacado, “alrededor de 80.000 personas están en situación de dependencia en Euskadi y que algo más de 140.000 personas tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%”. “No se trata de facilitar otro acceso a la Justicia, sino de universalizarlo, para lograr una Justicia más equitativa y humana, que atienda en cada caso a las particularidades de las personas que la buscan”, ha aclarado.
TEJIDO ASOCIATIVO
Por otra parte, ha puesto en valor el “potente tejido asociativo” de Euskadi, al que ha emplazado a trabajar en “el diagnóstico y en las líneas de acción para lograr que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica de forma autónoma”; y el trabajo impulsado por el Foro de Justicia y discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, así como a los trabajos realizados por el Comité Española de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), Plena Inclusión y ASPACE, etcétera.
“En los próximos meses trabajaremos conjuntamente en diagnosticar y diseñar las medidas oportunas bajo el auspicio del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía, y la cooperación de las instituciones forales y de la red de entidades del tercer sector que trabajan las discapacidades”, ha finalizado.
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