PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, han suscrito un convenio para establecer un mecanismo de colaboración para compartir entre ambas administraciones los datos de los registros de personas que se han prohibido, voluntariamente, la entrada en locales y establecimientos de juego, así como el desarrollo de los procesos informáticos necesarios para este fin.
Por tanto, tras la entrada en vigor de este convenio, cuando una persona se inscriba en el registro de prohibición de acceso a los locales de juego de alguna de las dos administraciones, sus datos serán compartidos con el otro ejecutivo para extender la autoprohibición también al otro ámbito territorial.
El documento, que tiene una duración de cuatro años prorrogables por el mismo período de tiempo, permite avanzar en la protección de los colectivos vulnerables y menores, así como en el establecimiento de medidas que reduzcan los riesgos de adicción y exposición, disminuyan la accesibilidad y actúen sobre los factores de protección desde la educación y sensibilización social.
Entre los compromisos recogidos en el convenio, ambas administraciones también han acordado designar cuantos medios humanos y técnicos sean necesarios para el funcionamiento del sistema de compartición de los datos, así como el seguimiento y solución de las incidencias que pudieran producirse.
Tras la firma, la consejera López ha asegurado que el trabajo en torno al juego es una “línea estratégica” de las acciones que lleva a cabo el departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra. “Estamos trabajando para controlar y prevenir un incremento paulatino de ludopatías en personas vulnerables y jóvenes”, ha explicado.
Por su parte, el ministro Bustinduy ha indicado que “son los propios individuos quienes solicitan que no se les deje jugar porque tienen un problema grave de adicción al juego”. En este sentido, ha señalado que las administraciones “tienen el deber de cooperar para proteger a las personas más vulnerables” y garantizar su seguridad e integridad.
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