El Estado “ha desistido de alguna de sus pretensiones” y Navarra incluirá “mejoras técnicas de redacción que no afectan al contenido”
PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)
Los Gobiernos de Navarra y España han alcanzado un acuerdo por el que resuelven las discrepancias respecto a la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, y que evita el recurso contra la norma ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo foral ha hecho una valoración “positiva” del acuerdo “por evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional y para los intereses de la Comunidad foral; tanto en lo relativo al autogobierno, como desde la perspectiva de la seguridad jurídica de la normativa foral, que garantiza su plena vigencia y eficacia”.
En una nota de prensa, el Gobierno de Navarra ha afirmado que “reafirma así su apuesta por la defensa del autogobierno compatible con la capacidad de cooperación y diálogo”. Con este último acuerdo, publicado este lunes en el BON, a lo largo de la legislatura Navarra y el Estado han alcanzado 13 acuerdos integrales en el seno de la Junta de Cooperación, “lo que ha evitado otros tantos posibles recursos por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, preservado el autogobierno de la Comunidad foral”.
Según el Ejecutivo foral, “únicamente en relación con la controversia surgida con dos leyes forales”, Fuero Nuevo y la que regula la materia de contratación pública, “se llegó a un acuerdo casi total pero no se consiguió evitar el recurso respecto de alguno de los artículos de las normas señaladas”.
Los dos últimos acuerdos son los relativos, por un lado, al relativo a la norma que regula los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra, y por otro, el que se refiere a la citada Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.
La Junta de Cooperación o Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en la normativa estatal es el órgano bilateral “que se encarga de plantear y, en su caso, resolver todas las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la Comunidad foral de Navarra sobre los respectivos ámbitos competenciales”.
Está integrada por igual número de representantes, tres en concreto, nombrados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, quienes se remiten a sus equipos técnico y jurídico de manera previa a llegar a un consenso.
En el caso de la representación de Navarra, en la presente legislatura la ostentan el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi; y el director general de Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain.
ACUERDO SOBRE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En concreto, sobre este último acuerdo, la Junta de Cooperación o Comisión Bilateral Administración General del Estado- Comunidad foral de Navarra, presididas por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y la Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han firmado un acuerdo por el que “dan por resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada en relación a la 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética”.
El pasado 7 de noviembre, a petición del Gobierno de España, la Junta de Cooperación inició negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con varias disposiciones de la Ley Foral 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética.
Tras el trabajo llevado a cabo por la parte técnica de representación de la Administración de la Comunidad foral, que contó con personal de las unidades competentes en energía, medio ambiente, derechos sociales, ordenación del territorio, patrimonio y presidencia, “se consiguió llegar a un acuerdo para resolver las discrepancias existentes”.
A través de este, la Administración General del Estado “ha desistido de alguna de sus pretensiones, llegando a acuerdos interpretativos que no exigen modificación en la ley”; y la Administración de la Comunidad foral “se ha comprometido a modificar el texto legal con mejoras técnicas de redacción que no afectan al contenido de la norma”.
Finalmente, cabe destacar que Navarra “no ha renunciado a ninguna de las competencias en base a las cuales se dicta la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Ecológica”.
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