PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra abre este miércoles a exposición pública el anteproyecto de ley foral por el que se modifica la ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se trata de una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo foral para seguir “fortaleciendo la democracia”. Se refuerza la actuación del órgano garante en esta materia, que es el Consejo de Transparencia de Navarra, según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna.
“El objetivo esencial de esta reforma es reforzar la transparencia y la integridad democrática”, recoge en su preámbulo el texto del anteproyecto. Las mejoras introducidas buscan potenciar los mecanismos de rendición de cuentas de la Administración foral, con la finalidad de “convertir la transparencia en una forma de gobernar”, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a la vista de la experiencia acumulada durante los últimos siete años. “Concebimos la Administración como una casa de cristal, para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha señalado Taberna.
Este anteproyecto, enmarcado en el Plan Anual Normativo, parte del trabajo iniciado por el Consejo Navarro de Transparencia. De hecho, el Gobierno foral ha aceptado 18 de las 22 aportaciones realizadas por este órgano colegiado.
Entre las principales novedades del anteproyecto, destacan las medidas propuestas para fortalecer la independencia del Consejo de Transparencia de Navarra, entre las que se encuentra el cambio de representantes políticos por personal técnico y la asignación a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la gestión sobre el registro de los grupos de interés, en su calidad de organismo independiente del Ejecutivo.
Taberna ha manifestado que “este es un paso más para fortalecer la transparencia en el ámbito de Navarra”. “La transparencia debe englobarse en un marco de gobernanza, en un marco de perseguir la confianza de la ciudadanía con las instituciones”, ha incidido el vicepresidente, quien ha precisado que tras el proceso de participación y “oídas las propuestas consideradas y reflexionadas”, se remitirá el proyecto al Parlamento foral.
El consejero ha señalado que para el Gobierno es “muy importante” el tema de la transparencia, “sobre todo, porque la estamos uniendo con otra serie de herramientas, y en un contexto de la actual deslegitimación que algunos hacen sobre la democracia”. “Como Gobierno estamos sumamente preocupados por esta tendencia de deslegitimación de la democracia y de sus instituciones y, en ese sentido, nuestros pasos han sido firmes en trabajar por recuperar la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y a la democracia”, ha dicho.
CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Entre las medidas encaminadas a potenciar el papel del Consejo de Transparencia, ha explicado el Ejecutivo, destaca el ajuste de su composición con el fin de “garantizar su independencia y capacidad de respuesta”. Así, se plantea suprimir la presencia de los cuatro representantes políticos del Parlamento de Navarra presentes en este órgano e introducir en su lugar a una persona representante de la Cámara Foral de perfil técnico.
De este modo, el Consejo de Transparencia quedaría integrado por la persona titular de la presencia y siete vocalías ocupadas por personal técnico, en representación del departamento del Ejecutivo foral competente en materia de transparencia, la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el Consejo de Navarra, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra.
Respecto a la Presidencia del Consejo de Transparencia, se propone un mandato de seis años de duración, en lugar de los cuatro actuales, sin posibilidad de renovación ni continuar en funciones. El presidente de este órgano no podrá pertenecer a ningún partido político en el momento de su nombramiento.
Las personas integrantes del Consejo de Transparencia podrán percibir remuneraciones por la realización de ponencias para la resolución de reclamaciones. También se podrá fijar una retribución anual para la persona que presida el Consejo de Transparencia y para la que realice las funciones de secretaría.
Además, el Consejo de Transparencia podrá obligar a las Administraciones Públicas a depurar responsabilidades internas en caso de infracciones. Se recoge también expresamente la posibilidad de que parlamentarios o representantes de entes locales puedan presentar reclamaciones ante este organismo.
OFICINA DE BUENAS PRÁCTICAS
Entre las novedades planteadas en el anteproyecto de ley, destaca también la extensión del ámbito de aplicación de la ley foral de Transparencia, que incorporará la figura de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, creada con posterioridad al texto legislativo vigente.
Asimismo, asigna a este organismo la función de gestionar el Registro de Grupos de Interés de Navarra, entendidos éstos como los conjuntos de personas u organizaciones que pueden estar interesados en influir en las decisiones de los poderes públicos. Extiende además la aplicación de este registro a grupos vinculados a las tres instituciones recogidas en la Ley Orgánica 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, que son el Gobierno de Navarra, la Presidenta de Navarra y Parlamento de Navarra.
En lo que se refiere a publicidad activa, se introducirán medidas de mejora de la transparencia en la difusión de información pública, como la publicación de los empleados públicos que cuentan con autorización de compatibilidad de su trabajo con otra actividad del sector privado, ha precisado el Ejecutivo.
En lo que respecta a las entidades locales, el Gobierno de Navarra aportará recursos y apoyo técnico para contribuir a que puedan cumplir sus obligaciones en materia de transparencia.
Por último, el Tribunal Administrativo de Navarra deberá publicar todas las resoluciones que resuelvan los recursos de alzada que tramite.
TRABAJO EN LA TRANSPARENCIA
El Gobierno foral ha destacado que “Navarra lleva más de una década trabajando para reforzar sus mecanismos de transparencia”. El primer hito en la materia fue la ley foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno, que “situó el derecho a la información pública de la ciudadanía como punto nuclear de la gestión administrativa”.
Según ha añadido, la ley foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno “dio un paso más allá, incidiendo en la filosofía de que la ‘propiedad’ de la información y de los datos públicos es de la ciudadanía y, como tal, se deben seguir articulando medidas para facilitar el acceso a los mismos y mejorar la rendición de cuentas”.
Un balance realizado el año pasado, ha expuesto, destacó “el importante grado de implementación de los avances en transparencia previstos en esta ley, al haberse cumplido el 86% de las medidas estructurales contempladas”.
De acuerdo al anteproyecto abierto hoy a exposición pública, la nueva ley foral se estructura en un artículo único, una disposición transitoria y tres disposiciones finales.
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