Se despide como presidente del TSJN al cumplir en diciembre su mandato: “Ha sido el mayor honor y privilegio al que podía aspirar”
PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJN), Joaquín Galve, ha censurado este viernes los “furibundos e intentos de desprestigio” a magistrados y órganos judiciales, “acudiendo a la descalificación y el insulto personal” con motivo de resoluciones relacionadas con la conocida como ‘ley del sólo sí es sí’. “Cualquier cuestión que desagrade en determinadas esferas es, indefectiblemente, culpa del juez, nunca del justiciable”, ha lamentado.
Galve ha hecho esta crítica en su intervención en el acto de apertura del año judicial, en el que también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, y al que han acudido diversas autoridades, entre otras, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno foral, Amparo López.
Un acto que ha aprovechado para despedirse, puesto que, a finales de año, en diciembre, agotará su segundo y último mandato de 5 años como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Para mí, como juez, estos 10 años de presidente han sido el mayor honor y privilegio al que podía aspirar”, ha expresado.
Galve ha recordado que el TSJN “dictó un auto de revisión de una condena (que fue rebajada de 15 a 14 años de prisión) en un asunto de gran relevancia mediática, lo que nos supuso todo tipo de respuestas ofensivas y descalificatorias”. Al respecto, ha destacado que “esa resolución ha sido recientemente confirmada en su integridad por el Tribunal Supremo”.
“Por supuesto, admitimos la discrepancia y la disparidad de opiniones, incluso la crítica, pero no el insulto y las faltas de respeto de aquellos y aquellas que nos consideran unos ignorantes, en el mejor de los casos, y a los que, por cierto, en la gran mayoría de los casos no se les conoce mérito académico alguno, ni el origen de su fuente de conocimientos jurídicos”, ha espetado.
Joaquín Galve ha dedicado su discurso para insistir de nuevo en la necesidad de un nuevo edificio ante la “carencia de espacios”, previsto en el solar de la antigua cárcel, aledaña al Palacio de Justicia. No obstante, ha criticado que “no está ni siquiera aprobado el PEAU, parece que puede hacerse en breve”. Y ha precisado que “el hecho de tener aprobado el Plan no implica que ya tengamos el edificio nuevo”. “Ya vaticiné hace algunos años que el nuevo edificio yo no lo iba a ver como presidente. Uno va cumpliendo años y ya tengo dudas de que, simplemente, lo vaya a ver”, ha manifestado para preguntarse si “veremos en los próximos días” la aprobación de una moción en el Parlamento en apoyo a las necesidades del TSJN, como se ha hecho con la UPNA.
De la misma manera, ha solicitado la creación de la tercera plaza de magistrado para la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, la séptima plaza de magistrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el undécimo Juzgado de Primera Instancia de Pamplona y el quinto Juzgado de lo Social.
“Lamentablemente, el Ministerio de Justicia ya ha anunciado que no va a crear ningún juzgado en toda España, circunstancia que la achaca a la falta de presupuestos generales, cuando lo cierto es que los presidentes de los tribunales superiores le propusimos al ministro que creara el mismo número de juzgados (70) que con los presupuestos anteriores. Pero no va a ser así”, ha reprochado.
En su intervención, Galve ha reivindicado los datos estadísticos logrados pese a contar con 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes, el segundo menor índice de España, solo por debajo de Castilla La Mancha (10,2), cuando la media nacional es de 12,1.
En total, en 2023 se incoaron, aproximadamente, 77.770 procedimientos (unos 2.500 más que el año anterior) y se resolvieron algo más de 72.000. De los procedimientos ingresados un 55% fueron penales, un 37% civiles, y el resto, algo más del 6% fueron laborales y menos de un 2% contencioso administrativos.
El ingreso de asuntos subió en las jurisdicciones civil y penal, con un leve descenso en la social y muy importante disminución en la contencioso administrativa (más de un 30%); los Juzgados de lo Mercantil han sufrido un incremento del 174% en materia concursal y un 66% en asuntos no concursales.
Unos indicadores, ha opinado Galve, que “apuntan a una preocupante situación económica”. “La tendencia en el primer semestre del presente año es, además, peor, con un importante incremento de procedimientos mercantiles, de familia, laborales o civiles, estos últimos han aumentado en los cinco partidos judiciales de Navarra. Igualmente, en este primer semestre, se aprecia un importante incremento en el ingreso de asuntos en los Juzgados de lo Penal y en el Juzgado de Menores”, ha añadido.
Por otro lado, ha apuntado que los juzgados con competencia en materia de violencia de género, han experimentado un aumento del 19% en Tudela y del 27% en Pamplona. Desde el 31 de enero pasado, Pamplona cuenta con un segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que, además, ha asumido esta materia en el partido judicial de Aoiz. “Lo cierto es que la creación de este segundo juzgado, al igual que la del segundo de lo mercantil, un año antes, han supuesto un importante alivio en dos materias tan sensibles como estas”, ha valorado.
El presidente ha señalado que el presupuesto de Justicia en Navarra es “el más bajo de España respecto del PIB,” y también en lo relativo al “gasto por habitante”.
“NOTABLE” INCREMENTO DE DELITOS POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Por su parte, el fiscal superior de Navarra, Jaime Goyena, ha repasado la Memoria de la Fiscalía, de cuyos datos ha resaltado “el notable incremento de un delito especialmente alarmante, cual es la constitución o integración en grupos criminales (casi siempre vinculados a la comisión de delitos contra el patrimonio en viviendas o instalaciones fabriles)” de los que se han incoado 39 procedimientos, un incremento de 160%”.
Según ha señalado, el tipo delictivo de mayor incidencia estadística es el de los delitos de estafa cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. La proliferación de esta clase de delitos es, ha reconocido, “especialmente dolorosa y frustrante” debido a que “en muchas ocasiones no es posible identificar al autor del delito” por la “nula cooperación de algunos países en que se encuentran los sospechosos”.
En cuanto a la delincuencia juvenil (14-18 años), se denunciaron un total de 958 delitos frente a los 1.217 delitos registrados en el año 2022, lo que supone “una notable disminución del 21,2%”. Del total de delitos denunciados, la gran mayoría lo fueron por lesiones (223), contra el patrimonio (209) y contra la libertad sexual (42).
Se incrementan este año las denuncias por delitos de lesiones “generalmente ejecutados de forma grupal”, si bien han disminuido los casos de grabación y difusión de las agresiones a través de redes sociales. También aumentan los delitos contra la libertad sexual, en la mayor parte de los casos cometidos entre agresor y víctima con edades similares. En cuanto al resto de delitos, ha destacado que, pese a que no han aumentado en número, “siguen siendo muy elevados los casos de delitos de violencia contra la mujer y los delitos de violencia en el ámbito familiar perpetrados por menores de edad”.
El dato “más preocupante” en materia de delincuencia juvenil se refiere al perfil de edad de los menores denunciados, ha advertido, ya que “baja la edad de los denunciados, y se aprecia un cambio de tendencia, igualándose la franja de los menores delincuentes de 14-15 años con la de 16-17”, cuando, en años anteriores, los jóvenes de 14-15 años cometían muchos menos delitos que los jóvenes de entre 16 y 17 años.
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