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En 2024, Irache recibe más de 3.000 consultas y reclamaciones sobre comunidades de vecinos

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PAMPLONA, 19 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache recibió el año pasado más de 3.000 consultas y reclamaciones sobre comunidades de vecinos. Entre ellas, destaca el aumento de las que tienen que ver con la eficiencia energética y el autoconsumo, además de cuestiones sobre obras, ascensores, elementos de fachada, molestias, locales o garajes.

Según señala Irache en una nota, han sido “muy frecuentes” los casos que han llegado sobre obras de eficiencia energética en los edificios, especialmente para reformar la envolvente térmica y mejorar el aprovechamiento energético del inmueble. Se trata de trabajos “que tienen un coste considerable” y los consumidores “quieren saber qué mayorías se necesitan para llevarlas a cabo, si están obligados a pagarlas” o cuáles son las ayudas públicas.

Han crecido igualmente el número de consultas sobre instalación de paneles solares comunitarios para preguntar qué requisitos se necesitan para colocar placas solares en las azoteas de los edificios, qué mayorías son necesarias para esta instalación, si los vecinos que no han querido participar tienen derecho a beneficiarse de la energía producida o las subvenciones para estos proyectos.

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También ha habido casos en los que, al reformar la fachada, se han producido daños en viviendas particulares de vecinos y querían saber por las posibilidades de reclamar el pago del arreglo.

Igualmente, Irache ha recibido consultas sobre obras de accesibilidad en el edificio, para instalar el ascensor, bajar la cota, eliminar escaleras o instalar algún otro dispositivo mecánico para facilitar la movilidad y el acceso de los vecinos. Los consumidors quieren saber si la obra es obligatoria y todos tienen que pagar o si hay que plantear y votarla en una junta de vecinos.

Al respecto, explica que “si lo solicita una persona mayor de setenta años o alguien con discapacidad, todos los vecinos tendrán que pagar las obras de accesibilidad siempre que el coste anual no exceda de doce mensualidades de gastos comunes. Si el gasto es mayor, tendrá que aprobar la obra la mayoría de vecinos. También es obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas”.

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También ha habido consultas acerca de los préstamos que la comunidad ha adquirido para afrontar algunas de estas obras. Algunos consideran que las condiciones “no han sido las mejores y consultan la posibilidad de pagar su parte de su bolsillo y quedar fuera del préstamo y las responsabilidades que pueda conllevar”.

Un motivo de conflicto en algunas comunidades son los cerramientos de las terrazas, la instalación de aparatos de aire acondicionado o la colocación de toldos en las fachadas. Así, han consultado a Irache “si pueden hacer cualquiera de estos cambios a su gusto o si deben preguntar a los otros vecinos”.

Han acudido vecinos que quieren saber si los propietarios de garajes o de trasteros están obligados a pagar el mantenimiento del ascensor, la reforma de la envolvente, la reforma del portal o si tienen la obligación de ejercer en el turno de presidencia de la comunidad. “En general, si el garaje forma parte de la comunidad de propietarios, habrá que acudir a las escrituras de esta para ver si incluye alguna excepción o funcionamiento específico en este sentido”, señala.

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Otro tipo de consultas que se han dado son por molestias entre vecinos. El motivo más habitual es por ruidos, ya sea por fiestas, música alta o por trabajos de carpintería o bricolaje en algunos pisos. En este sentido, también se han dado consultas por reformas en pisos que han producido daños o suciedad en paredes, techos o suelos de otros contiguos o incluso en los ascensores o las estancias comunes del portal.

Ha habido algún conflicto por la presencia y comportamiento de animales, fundamentalmente perros. También han acudido personas que querían informarse sobre las funciones que tiene el administrador de su edificio, si tiene obligación de facilitar a los vecinos cierta información, por qué gestiones puede cobrar o qué fórmulas hay para cambiarlo.


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