PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que manifiesta su conformidad a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal de Navarra.
La iniciativa, presentada por los grupos parlamentarios PSN, Geroa Bai y Podemos, responde a la necesidad de atender al nuevo marco regulatorio y de mejorar aspectos de la regulación actual, teniendo en cuenta los nuevos retos que plantea la Política Agraria Común y los desafíos del Green Deal o de estrategias como ‘De la Granja a la mesa’ y de biodiversidad, además de establecer de forma precisa y ordenada las condiciones medioambientales, higiénico-sanitarias, de bienestar animal y de ordenación zootécnica que la actividad ganadera debe cumplir, ha informado el Ejecutivo.
La Administración General del Estado, “consciente de esta necesidad”, ha aprobado recientemente el Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se han establecido las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, norma que, entre otras cuestiones, fija la capacidad productiva máxima de las granjas bovinas en 850 UGM (Unidad de Ganado Mayor).
La proposición de Ley Foral responde a “la necesidad de adaptación a esta norma básica estatal de la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad Animal de Navarra, así como a la necesidad de mejorar aspectos de la regulación actual de la normativa foral”. La proposición presentada establece, entre otras medidas, las distancias y tamaños máximos para las explotaciones ganaderas; y los criterios para percibir indemnizaciones por sacrificios declarados obligatorios por la autoridad. Además, modifica la resolución de expedientes en tramitación.
En concreto, quedan establecidos unos tamaños máximos para las explotaciones ganaderas como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades y la repercusión de las mismas. Estos tamaños son: 864 UGM para explotación de porcino; 300.000 plazas para broilers y aves en general, y gallinas de puesta y recría; 600.000 plazas para explotaciones de gallinas reproductoras y su recría, y también para explotaciones de codornices; y 50.000 plazas para explotaciones de aves con salida a parques.
Además, las explotaciones deben mantener entre sí y, recíprocamente, con las instalaciones destinadas a concentraciones ganaderas y otras actividades de riesgo para la sanidad animal o relacionadas, las distancias que se establezcan reglamentariamente. Para la fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias geográficas y las características de las especies ganaderas, tamaño de explotación, tipo de explotación y riesgo epidemiológico.
Por otro lado, según la nueva propuesta, el sacrificio que se declare obligatorio por la autoridad competente deberá llevar consigo la correspondiente indemnización, de acuerdo con la normativa y baremos vigentes.
En cuanto a la regulación de expedientes en tramitación, se propone que los expedientes correspondientes a la autorización de explotaciones de ganado bovino presentados con anterioridad al 6 de abril de 2022 sobre los que no haya recaído resolución firme en vía administrativa, se regirán por lo dispuesto en la disposición transitoria primera de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
Asimismo, los expedientes correspondientes a la autorización de explotaciones de ganado bovino presentados con posterioridad al 6 de abril de 2022 sobre los que no haya recaído resolución firme en vía administrativa, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley Foral y, en consecuencia, no podrán superar los tamaños máximos que se establezcan en la misma, ha precisado el Gobierno.
Preguntada por la macrogranja de Caparroso, ha señalado que “el procedimiento seguirá su curso”. “Navarra fue la primera CCAA en limitar las macrogranjas, es verdad que hubo un recurso que nos obligó a aumentarla a 3.400 UGM pero a día de hoy hay una moratoria para impedir que se amplíe ese número y que para cuando finalice la moratoria tendremos aprobada en el Parlamento una ley que limite las UGM en 850”, ha dicho, para señalar que “se plantean 9.200” pero “creo que el procedimiento legal lo impedirá”.
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