Maya y la vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad han suscrito un convenio con una vigencia de cuatro años
PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad de Navarra trabajarán, durante los próximos cuatro años, en el desarrollo de proyectos alineados con los objetivos marcados en la Agenda Urbana Pamplona 2030.
Concretamente, según han informado desde el Consistorio, ambas instituciones se comprometen a colaborar a través de un convenio marco, rubricado este lunes por el alcalde, Enrique Maya, la concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, y la vicerrectora de Investigación y Sostenibilidad, Paloma Grau. En la firma ha participado también el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Carlos Naya.
A través de este convenio, el Ayuntamiento y el centro universitario desarrollarán aquellos proyectos, planteados por cualquiera de las dos partes, “siempre que contribuyan a lograr los objetivos de la Agenda Urbana Pamplona 2030”. Éstos pasan, entre otros, por la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad, la inclusión social, el equilibrio entre los barrios, la gestión pública innovadora, la cultura, el turismo y la economía del conocimiento y la innovación.
Los proyectos planteados deben tener carácter estratégico, ser viables en el horizonte 2030, y tener un impacto a medio y largo plazo. Además, deben contar con consenso y favorecer la colaboración de las distintas partes y de sectores implicados.
Según se recoge en el texto firmado, el Ayuntamiento estudiará las propuestas que le presente la Universidad de Navarra y, a su vez, podrá proponer, a iniciativa propia, la participación del centro universitario en algún proyecto presente o futuro desarrollado en el marco de la Agenda Urbana Pamplona 2030. El compromiso municipal pasa por “facilitar los medios que estén a su alcance para su puesta en marcha, en la medida de las posibilidades y la disponibilidad de cada momento”.
La Universidad de Navarra, por su parte, se compromete a presentar proyectos concretos, con una descripción de la iniciativa, su plazo de ejecución y el presupuesto estimado, así como los resultados que se esperan conseguir.
Cada una de las partes ejecutará las actividades de cada proyecto que les corresponda, en función del reparto de tareas acordado. Para la financiación de las distintas iniciativas, se tendrán en cuenta los recursos propios y recursos externos, como ayudas y subvenciones públicas. De hecho, ambas entidades se comprometen a “colaborar en la búsqueda de recursos”.
El convenio tiene una vigencia de cuatro años, que será prorrogable por otros cuatro más. Además, se creará una comisión de seguimiento, que se reunirá, como mínimo, cada seis meses. Su función será concretar y seleccionar los distintos proyectos. Además, se encargará de supervisar y controlar la ejecución de los mismo.
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