PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)
Las entidades Flor de África, Hapi, Gaz Kalo, Mugak Zabalduz, AZTA, PIM-MIG, Haritu, París 365 y SOS Racismo se han concentrado este sábado en Pamplona bajo el lema ‘Melilla gogoan. Contra las muertes en las fronteras’, en recuerdo de “la masacre de Melilla” del 24 de junio de 2022.
Según han indicado los colectivos convocantes en un comunicado conjunto, “el próximo 24 de junio se cumplirán dos años de la masacre de Melilla, en la que murieron y desaparecieron al menos 117 personas, tras el uso planificado de una violencia sin precedentes hasta ese momento, generando así un nueva fecha en el calendario de la necropolítica migratoria”.
“En la actualidad, el procedimiento judicial sigue abierto desde que 5 colectivos se querellasen pidiendo la reapertura de la causa que la Fiscalía española archivó en diciembre de 2022. Lo hizo alegando no haber encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas”, han indicado, tras añadir que “recientemente, una investigación llevada a cabo por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Border Forensics y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) demuestra que se trataba de una estrategia planificada por las fuerzas policiales de Marruecos y del Estado español, lo que desmonta las versiones oficiales”.
A su juicio, “todo formaba parte de la coordinación entre ambos Estados para aplicar una doctrina migratoria basada en vulneración sistemática y en la justificación de la violencia sobre cuerpos y territorios que deben quedar fuera de los espacios de derecho, para seguir construyendo el relato de una Europa blindada que puede elegir a la carta quién tiene acceso a una vida digna”.
También han considerado que el pacto de Asilo y Migración “supone en la práctica un refuerzo de la política de externalización de fronteras y el desmantelamiento del derecho de asilo” y “viene a consolidar prácticas que ya operan, como los modelos de contención en fronteras para agilizar retornos a países de origen o terceros países o la instrumentalización de las ‘crisis migratorias’ como una situaciones de excepción par poder activar medidas aún más restrictivas”.
“El pacto pretende consolidar prácticas comunes que hasta ahora estaban en un limbo jurídico como la inclusión en el ‘cribado migratorio’ a las personas en situación irregular que ya viven en un Estado miembro. Este hecho hará que aumenten las prácticas de control y hostigamiento a través de controles policiales racistas, citas trampa ante la Brigada de Extranjería, etc”, han criticado.
Por todo ello, las entidades convocantes han considerado “urgente” establecer “un trabajo político de reconocimiento y reparación decolonial que no solo visibilice y denuncie las causas profundas de las migraciones, (que siguen profundamente ligadas a los modelos económicos, al colonialismo y al imperialismo de este norte global sobre el sur globalizado), sino que incorpore en el relato oficial a todas las que no aparecen: hablamos de rehacer la memoria histórica, hablar de las personas en tránsito y cruce de fronteras como víctimas de violencia”.
“Si no cambia la mirada y el relato, nada cambiará. No existe una forma compatible con los derechos humanos de controlar la inmigración o las fronteras, no existe una manera de seguir viviendo como hasta ahora compatible con el respeto a la vida”, han reivindicado.
En este sentido, los colectivos han exigido al Gobierno de Navarra “apoyo a la apertura de una investigación judicial independiente tanto por parte de Marruecos como del Estado español y a nivel internacional para esclarecer los hechos y establecer medidas y protocolos basados en la legislación internacional en materia de derechos humanos, haciendo prevalecer ésta por encima de las políticas migratorias”.
También han reclamado “el establecimiento de canales de colaboración con las comunidades de migrantes, para identificar y devolver los cuerpos de las víctimas a sus familias, así como para la identificación de las personas desaparecidas en tránsito o frontera”.
Igualmente, han solicitado “un posicionamiento claro contra de la política migratoria europea y española, así como de la Ley de Extranjería, estableciendo medidas para paliar los efectos”, y el “reconocimiento de todas las personas migradas y/o racializadas como sujetos políticos de derechos, con independencia de su situación administrativa o condición socioeconómica, garantizando su pleno acceso a los derechos fundamentales”.
A nivel estatal, han pedido “impulsar y apoyar los cambios normativos necesarios -apoyo a la ILP Regularización Ya, la universalización de acceso al sistema sanitario o la homologación de títulos, etc-“.
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