PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, se ha reunido este martes con una representación de las personas adjudicatarias de las 108 viviendas de VPO y VPT de la promoción de Maristas, en Pamplona.
En el encuentro, Alfaro ha explicado que “en el hipotético caso de que se superara finalmente el precio del módulo de VPO y VPT marcado en la ley”, esto “podría suponer la posibilidad de denegar la calificación definitiva de las 108 VPO y VPT, así como el reintegro de las subvenciones concedidas a la promotora”.
La reunión ha tenido lugar tras las noticias conocidas en los últimos días de que la gestora de la promoción “estaría planteando cobrar una serie de aportaciones” a los adjudicatarios, lo que “podría provocar que se superara el precio máximo del módulo que se establece legalmente para dicha promoción”.
En la reunión ha estado también presente la directora general de Vivienda, Elga Molina. Durante la reunión, las personas adjudicatarias han mostrado su “inquietud y malestar” por el desarrollo de los acontecimientos, mientras que la vicepresidenta Alfaro les ha detallado todo el proceso legal seguido en la promoción por parte de la Dirección General de Vivienda.
Esto, según han indicado desde el Ejecutivo en una nota de prensa, “se reduce al otorgamiento de la calificación provisional, una vez solicitada por parte de la gestora y solucionados los requerimientos que se solicitaron” a la promotora, que tuvo lugar en mayo de 2023, ya que “el resto de tramites corresponden al Ayuntamiento de Pamplona al estar la promoción encuadrada en un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU)”.
En este sentido, Alfaro “ha trasladado a las personas adjudicatarias el conocimiento que se ha tenido desde la Dirección General de Vivienda de las aportaciones que la gestora pide a las los cooperativistas, tanto a través de comunicaciones directas de las y los adjudicatarios, como de informaciones en medios de comunicación, lo que podría suponer la posibilidad de denegar la calificación definitiva de las 108 VPO y VPT, así como el reintegro de las subvenciones concedidas a la promotora, en el hipotético caso de que se superara finalmente el precio del módulo de VPO y VPT marcado en la ley”.
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