Según la Fiscalía, usó los fondos del Consorcio de la Compensación de Seguros por el terremoto de 2011 para reformas no relacionadas
MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)
El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de seis años y un mes de prisión para el contable acusado de destinar varias subvenciones públicas otorgadas a una comunidad de vecinos de Lorca (Murcia) para acometer reformas por los daños del terremoto de mayo de 2011 a sufragar reparaciones en su vivienda y en el edificio que no eran consecuencia del seísmo.
El hombre, al que se le acusa de un presunto delito societario y otro de apropiación indebida, será juzgado el próximo miércoles, 2 de noviembre, a las 11.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos se remontan al 2011, cuando la comunidad de vecinos de un edificio de Lorca recibió tres abonos del Consorcio de Compensación de Seguros por valor de 32.075 euros para arreglar los daños derivados del terremoto acaecido en la ciudad el día 11 de mayo de 2011.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, en calidad de administrador contable de la comunidad y “movido por ánimo de enriquecimiento ilícito”, ocultó la recepción de los fondos a los vecinos y dispuso de aquel importe “de forma irregular”, destinándolo al pago de reparaciones del inmueble, así como de su propia vivienda, que no estaban relacionados con el terremoto.
Asimismo, la Fiscalía apunta que el acusado adjudicó “unilateralmente” la ejecución de las obras de rehabilitación a empresas de su confianza y reflejó una contabilidad “ficticia” en las cuentas de la comunidad.
Así, solicita dos años y un mes de prisión como presunto autor de un delito societario, además de la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y la pena de nueve meses multa con una cuota diaria de ocho euros.
Por el delito de apropiación indebida reclama cuatro años de cárcel. Además, pide, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización directa por 10.560 euros en favor de la parte perjudicada, la comunidad de vecinos.
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