MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)
El miércoles, a las 9.30 horas, en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, comienza el juicio contra nueve personas, entre los que hay varios funcionarias de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), acusadas de asociación ilícita, fraude, prevaricación y un delito de negociaciones prohibidas. El fiscal pide penas que superan los 45 años para los nueve acusados.
Los acusados son M.B.M, su mujer M.T.B, sus tres hijos J.V.B.T, M.A.B.T. y R.J.B.T, así como M.M.C.M, F.H.S, P.M.M y R.G.G. Siete de ellos decidieron crear en 2005 dos empresas con la única finalidad de obtener ilícitamente la adjudicación de contratos de obras y servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
La creación de ambas empresas tenía por finalidad recibir la adjudicación de contratos de distinta índole de la CHS aprovechando las relaciones, tanto laborales como personales que el acusado, M.B.M., tenía en el seno de dicho Organismo, ya que venía trabajando en la CHS aproximadamente desde el año 1982, ejerciendo entre los años 2005 a 2018 el cargo de Jefe del Servicio de Habilitación y Pagaduría.
En particular, el acusado se sirvió de la especial relación que mantenía con la acusada P.M.M., secretaria general de la CHS desde el 11 de junio 2004 al 30 de septiembre de 2010, al existir entre ambos un vínculo, no sólo profesional, sino también de amistad.
La acusada, conocedora desde un inicio del propósito de los miembros de la familia del acusado, participó de sus ilícitos fines facilitando la adjudicación de contratos a las mencionadas empresas gracias a las importantes facultades que en materia de contratación le correspondían como Secretaria General.
En consecuencia, la acusada P.M.M, intervenía en las dos fases del procedimiento de adjudicación de contratos, como proponente de la actuación, realizando la propuesta de las empresas a invitar, y después en la tramitación del procedimiento de contratación.
Los acusados crearon dos empresas para evitar que fuera detectada una excesiva acumulación de contratos en una sola, a pesar de que todos participaban en la gestión y dirección de ambas, existiendo trabajadores que estuvieron de alta en una y otra, e, incluso, llegando casi a solaparse los períodos en los que algunos empleados trabajaron en cada una de las empresas.
Desde el año 2006 hasta el año 2018, por parte de la CHS le fueron adjudicados a una de las empresas un total de 58 contratos, correspondiendo 57 de ellos a contratos menores y uno a contrato de emergencia, por un importe total de 2.081.346,35 euros.
Por su parte, a la otra empresa le fueron adjudicados un total de 89 contratos desde el año 2005 hasta el año 2018, correspondiendo 86 de ellos a contratos menores y uno a contrato negociado sin publicidad, y dos contratos suscritos bajo el procedimiento de emergencia, por un importe total de 3.483.697,48 euros. Asimismo, los acusados se sirvieron de A.M.C, un autónomo, a modo de empresa ‘pantalla’ para recibir dos contratos de la CHS.
Los hechos narrados son constitutivos de siete delitos para el ministerio fiscal: A) un delito de asociación ilícita del art. 515.1º y 521 (funcionario público) del Código Penal; B) un delito de asociación ilícita del art. 515.1º y 517.1º) del Código Penal; C) un delito continuado de prevaricación; D) un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios; E) un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos del art. 441 del Código Penal; F) un delito de asociación ilícita del art. 518 del Código Penal; y G) un delito de fraude y exacciones ilegales.
Por todo ello, al acusado M.B.M el fiscal le pide por el delito A), la pena de 3 años de prisión; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de diez años; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; por el delito E) la pena de 12 meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Para M.T.B, le pide por el delito B) la pena de 3 años de prisión; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por el delito; D) la pena de 2 años de prisión; por el delito E) la pena de 12 meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Al acusado J.V.B.T, por el delito B) la pena de 3 años de prisión; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; por el delito E) la pena de 12 meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Al acusado M.A.B.T, por el delito B) la pena de 3 años de prisión; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; por el delito E) la pena de 12 meses de multa con 10 euro de cuota diaria; y por el delito G) la pena de 3 años de prisión.
Del mismo modo, para R.J.B.T, por el delito B) la pena de 3 años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; y por el delito E) la pena de 12 meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Para M.M.C.M, por el delito B) la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; y por el delito E) la pena de doce meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Al acusado F.H.S, por el delito B) la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo; por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por el delito D) la pena de 2 años de prisión; y por el delito E) la pena de doce meses de multa con 10 euro de cuota diaria.
Por otro lado, para la acusada P.M.M., por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público; por el delito F) la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo; por el delito G) la pena de 3 años de prisión; por el delito H) la pena de 4 años de prisión.
Finalmente, a la acusada R.G.G, se le pide por el delito C) la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de diez años.
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