MADRID/MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado en su Pleno ordinario de este miércoles que Miguel Ángel Larrosa Amante continúe como presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press.
Larrosa, que fue nombrado por primera vez presidente de la Audiencia Provincial en 2016, ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo sus primeros destinos los juzgados de primera instancia e instrucción número 2 de Lorca (Murcia) y número 3 de Elche (Alicante).
En diciembre de 1991 pasó a ocupar la plaza de titular del juzgado de primera instancia 8 de Murcia y en junio de 2005 fue nombrado magistrado de la Audiencia Provincial con destino en la sección quinta, en Cartagena, donde permaneció hasta abril de 2015.
En el ámbito docente ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Murcia y en la Escuela de Práctica Jurídica de dicha Universidad. Igualmente ha sido profesor de la Escuela de Práctica Psicológica de Murcia y profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresa.
Asimismo ,ha sido profesor tutor de jueces en prácticas de la Escuela Judicial y profesor en cursos internacionales de formación de jueces iberoamericanos, dentro de los diferentes proyectos coordinados por el CGPJ de fortalecimiento del Poder Judicial en Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Paraguay y Nicaragua
ESTATAL
Además, el CGPJ ha acordado otros 29 nombramientos en la cúpula judicial, que incluyen el del magistrado conservador Juan Manuel Fernández como presidente de la Audiencia Nacional (AN), dejando para más adelante las salas clave de lo Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), ante la persistente discrepancia entre los bloques progresista y conservador del CGPJ.
De esta forma, los vocales han ratificado lo que ambos bloques pactaron ‘in extremis’ el martes por la noche, un total de 30 nombramientos –tanto de la jurisdicción ordinaria como de lo militar– que afectan a presidencias de salas del TS, de la AN, de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, y de varias audiencias provinciales.
El punto clave eran las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, que la presidenta del CGPJ y del alto tribunal, Isabel Perelló, incluyó pocos días antes en el orden del día, a pesar de que en ese momento no había acuerdo entre los diez vocales progresistas y los otros diez conservadores.
En estos días, las negociaciones entre los dos bloques se han sucedido de forma frenética para intentar desbloquear estos cuatro nombramientos pero el obstáculo continúa siendo el mismo: los vocales progresistas defienden las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para las salas Segunda y Tercera, respectivamente; mientras que sus colegas conservadores abogan por dejar de titulares a quienes ya las presiden de forma interina, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
La importancia de esas dos salas concretas reside en que la de lo Penal es la llamada a investigar y en su caso juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen.
Llegados a este punto, en vísperas del cónclave se puso sobre la mesa la posibilidad de dejar esos dos nombramientos para más adelante para poder acordar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del TS y los otros 35 nombramientos que quedaron pendientes el pasado 12 de febrero.
Así, conforme a dicho acuerdo, el CGPJ ha nombrado este miércoles presidente de la Sala de lo Civil del TS al magistrado conservador Ignacio Sancho, único aspirante a este puesto; y a la candidata progresista, Concepción Ureste, presidenta de la Sala de lo Social del mismo tribunal, descartando a su contrincante conservador, Juan Molins.
En la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández ha sido designado presidente de este tribunal, frente a aspirantes como María Tardón, Enrique López y Eloy Velasco. Además, el CGPJ ha designado al veterano magistrado Alfonso Guevara como presidente de la Sala de lo Penal y a la magistrada progresista Manuela Francisca Fernández de Prado como presidenta de la Sala de Apelaciones.
SIN APOYO UNÁNIME ENTRE LOS PROGRESISTAS
A pesar de que el Pleno lo ha ratificado, lo cierto es que este acuerdo no convence a todo el bloque progresista. Si bien algunos vocales lo perciben como la solución pragmática para poder avanzar con los nombramientos pendientes, otros lo ven como una imposición de sus pares conservadores ante su firme negativa a admitir las candidaturas de Ferrer y Teso.
Las fuentes señalan como el mayor escollo para el bloque conservador la candidatura de Ferrer, que se ha significado con dos votos particulares recientes: uno donde abogaba por amnistiar la malversación del 1-O, consumando así el distanciamiento de sus compañeros del tribunal del ‘procés’; y otro, firmado junto a Susana Polo, donde se desmarcaban de la sentencia que confirmó las condenas por el ‘caso ERE’ defendiendo que debió absolver al ex presidente andaluz José Antonio Griñán.
Además, vocales progresistas advierten del riesgo de que, al desgajar de esta tanda de nombramientos las presidencias de las salas Segunda y Tercera, y si el ala conservadora persiste en su veto a Ferrer y Teso, la actual situación ‘de facto’, con Martínez Arrieta y Lucas al mando de sus respectivas salas, se consolide hasta que éstos se jubilen, en los próximos dos años.
LA ‘REGLA DE PARIDAD’
Una de las claves para los cuatro nombramientos en el TS era la regla de paridad, conforme a la cual “se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombre, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”. No obstante, en este punto los bloques progresista y conservador del CGPJ tampoco consiguieron ponerse de acuerdo.
Los vocales progresistas defendieron que al menos dos de esas cuatro plazas debían resolverse a favor de mujeres. Sus pares conservadores, en cambio, sostuvieron que la paridad debe ser una aspiración en el conjunto de los nombramientos a realizar –más de 100 heredaron del antiguo CGPJ–, priorizando el mérito y la capacidad frente al género como criterios de selección.
Cabe recordar que para cualquier nombramiento discrecional son necesarios 13 votos, por lo que no vale únicamente con un solo bloque –empatados ambos con diez vocales– sino que se necesita un pacto transversal.
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