Ha advertido que “una ley de amnistía no puede ser una barra libre para el legislador”
MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) Juan Martínez Moya ha lamentado este miércoles que se utilice al CGPJ de “moneda de cambio” y se les sitúe “en el centro del debate político”.
Martínez Moya, en declaraciones al programa ‘Plaza Pública’ de Onda Regional, recogidas por Europa Press, ha tildado de “anomalía institucional” que no se haya renovado y que haya doblado el mandato establecido, “una auténtica irregularidad, una anomalía institucional de quienes tienen en su mano, en función de la ley, la potestad para renovar el Consejo General del Poder Judicial y no lo han hecho”.
En este sentido, ha reconocido que la situación de los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial “no es cómoda”, pero el gobierno del Poder Judicial no puede quedar vacío.
En relación a la ley de amnistía, Martínez Moya ha abogado, desde una “óptica estrictamente jurídica”, por que el órgano de gobierno de los jueces debe ser escuchado y no descarta que el Consejo General del Poder Judicial emita un informe aunque no se lo pidan las Cortes.
“Entre otras cosas porque el Consejo en ese sentido es soberano desde el punto y hora en que afecta al funcionamiento y decisiones de los tribunales y en la independencia judicial”, ha señalado.
No obstante, ha advertido que “una ley de amnistía no puede ser una barra libre para el legislador, porque de poder canalizarse debe tener unas causas debidamente justificadas. Y desde luego, esa ley de amnistía debe responder a un interés general”.
En esta línea ha insistido en que “el Poder Judicial tiene que ser escuchado, no porque quiera entrar en el debate político, sino porque una ley de amnistía afecta al funcionamiento del Estado de Derecho y afecta al funcionamiento de los tribunales”.
“Pero lo que está claro es que una ley de amnistía no debe ser una barra libre para el legislador, ya que debe tener unas causas debidamente justificadas y responder a un interés general y no un interés particular”, ha concluido.
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