MURCIA, 17 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones ecologistas y de defensa del Mar Menor han recibido con “satisfacción” la constitución de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor “a pesar del retraso en aplicar la Ley 3/2020 de protección del ecosistema”.
Así aparece reflejado en un comunicado suscrito por nueve organizaciones, en concreto por Alianza Mar Menor (AMARME), Colectivo Banderas Negras, Ecologistas en Acción de la Región Murciana, El Mar Menor de los niños, Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC), Greenpeace, Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, SEO BirdLife y YayoFlautas–Murcia.
Asimismo, han exigido “la puesta en marcha inmediata de los organismos de tutoría del Mar Menor previstos en la Ley 19/2022 que le otorga personalidad jurídica a la laguna”.
“Esta comisión debería servir, a partir de ahora, para coordinar las acciones interinstitucionales para la protección y recuperación del Mar Menor, y es requisito indispensable en cumplimiento de las obligaciones normativas de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, que el Gobierno regional de Fernando López Miras venía infringiendo sistemáticamente, al igual que otras medidas que establece dicha norma, necesarias y urgentes”, según las mismas fuentes.
Se trata, han añadido estas organizaciones, de un mecanismo “imprescindible” para “poner en marcha con éxito las soluciones orientadas a reducir los impactos que siguen dañando el ecosistema marmenorense, y permitir así su recuperación”.
En este sentido, las organizaciones ecologistas esperan y demandan que este paso “sea el inicio del cumplimiento del resto de obligaciones legales que vienen siendo ignoradas sistemáticamente”.
Las organizaciones ecologistas han recordado que la puesta en marcha de esta Comisión ha sido una reivindicación recurrente desde hace más de tres años de las organizaciones sociales, y así se incluyó también en el ‘Decálogo por el Mar Menor’ que elaboraron como compromiso para las candidaturas a las elecciones autonómicas y nacionales de 2023.
“Entre las propuestas también se ponía el foco en el cumplimiento de la normativa vigente, tanto regional como nacional y europea, en materia de abonado y fertilizantes, vertidos procedentes de la agricultura intensiva y de las granjas porcinas, desnitrificación de la tierra y de las aguas de la cuenca, y recuperación y renaturalización de la laguna y su cuenca, entre otras cosas”, ha puntualizado.
Se trata, ha añadido, de “obligaciones legales que deben ponerse en marcha sin más dilación, y cuyo respeto y ejecución deben dejar de ser vulnerados, y asumirse las posibles responsabilidades administrativas y penales que su trasgresión conlleva”.
En este sentido, las organizaciones anuncian que tendrán “por fin” ocasión de realizar sus propuestas y reivindicaciones en esta materia, en la reunión que tendrá lugar en los próximos días con el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y que pretenden abordar desde una perspectiva colaborativa con la Administración regional.
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL MAR MENOR
Por otro lado, las organizaciones han querido aprovechar la visita de la ministra para llamar la atención sobre el “retraso en la aprobación y puesta en marcha por el Consejo de Ministros del reglamento de desarrollo de la Ley 19/2022 que otorga Personalidad Jurídica al Mar Menor, en vigor desde hace más de un año, y que fue resultado de una Iniciativa Legislativa Popular”.
Dicho reglamento, según las organizaciones firmantes, “es necesario para la constitución de los organismos institucional, ciudadano y científico de Tutoría del Mar Menor”, por lo que ha demandado al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros “la diligencia debida para que, cumpliendo con sus obligaciones, consultiva y ejecutiva respectivamente, faciliten la constitución de los organismos: Comisión de Representantes, Comisión de Seguimiento de los defensores y defensoras del Mar Menor, y Comité Científico”.
Como reflexión final, desde las organizaciones han manifestado que la experiencia ha mostrado que las instituciones por sí solas no garantizan la protección y recuperación del Mar Menor. Consideran que, si sólo se constituyen mecanismos de coordinación interadministrativa, pero no los de participación y decisión en los que esté presente la sociedad civil, no hay garantías suficientes. Y por ello solicitan que ambos procesos sean paralelos en el tiempo, y convergentes en su propósito y acción.
Para terminar, las organizaciones ecologistas y de defensa del Mar Menor se muestran dispuestas a colaborar en la protección y recuperación de la laguna salada, como lo han estado desde el principio, y se consideran capaces de asumir sus responsabilidades en este sentido.
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