El Defensor del Universitario advierte del incremento de problemas de convivencia frente a otros más “clásicos” como las fricciones en la evaluación
MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)
La Universidad de Murcia (UMU) ha presentado este martes la Comisión de Convivencia de la institución docente, que se encargará de establecer cauces de mediación para la resolución de los conflictos que surjan en el seno de la comunidad universitaria, conformada por 40.000 personas, 35.000 de ellos alumnos.
Así lo ha hecho saber el rector de la UMU, José Luján; acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme; el presidente de la Comisión de Convivencia, Julio Sigüenza; el secretario general de la institución docente, Francisco Antonio González; y el Defensor del Universitario, Juan José Vera, entre otros.
La Comisión, que ya está en marcha, dispone de la dirección de correo ‘convivencia@um.es’ que se pondrá en breve en conocimiento de la comunidad universitaria y también contará con una página web, tal y como ha avanzado Sigüenza. Además de la mediación, la Comisión dispondrá de otros mecanismos recogidos en la Ley de Convivencia como el arbitraje o la posibilidad de recurrir a un tercer dirimente o experto, tal y como ha añadido.
Esta comisión nace como parte del desarrollo del Reglamento de Convivencia de la Universidad de Murcia, aprobado en marzo de 2023. El objetivo principal de esta comisión es el ayudar a la solución de conflictos de índole personal, profesional y académica que puedan surgir entre miembros de la comunidad universitaria; y la mediación será la principal herramienta para lograrlo.
Así, la comisión está formada por doce personas; seis titulares y seis suplentes; con una distribución equitativa entre alumnado, profesorado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios.
A ella podrán acudir de manera directa quienes consideren que tienen un problema de convivencia recogido en el reglamento y, además, también será una de las herramientas a la que podrán recurrir órganos como la Defensoría Universitaria, la Inspección de Servicios de la Universidad y la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que también podrán solicitar su intervención como vía previa o complementaria a la resolución de conflictos por la vía administrativa y disciplinaria
CONTRIBUCIÓN DEL TSJMU
El rector ha agradecido especialmente la presencia del presidente del TSJMU en el acto, “pues de alguna manera nos hace ver la importancia que tiene la existencia de mecanismos de solución de conflictos con los que, de manera autónoma, puedan resolverse los pequeños litigios y conflictos que pueden surgir en una comunidad grande y compleja como es la de la Universidad de Murcia”.
Así, ha puesto en valor la contribución de Pasqual del Riquelme en la medida en que dispone de una “atalaya preferente” para “ver y conocer cuál es la litigiosidad y la conflictividad, no solo en el ámbito de la Región, sino fuera de la Región”, por lo que “aprecia bien la capacidad de autorregulación que instituciones como la UMU tienen para resolver pacíficamente conflictos que surgen en su interior”.
El presidente del TSJMU ha reconocido que la iniciativa le “encantó” en cuanto le hablaron de ella y se puso enseguida a disposición de la UMU por si podía “contribuir en algo”. “Porque esta comisión yo creo que contribuye a un cambio de paradigma acerca de cómo resolver nuestros conflictos”, según Pasqual del Riquelme.
Ha señalado que es un cambio de paradigma que el TSJMU “viene fomentando desde hace años” porque cree “firmemente” que “en las sociedades modernas, democráticas, con mercados y fronteras abiertas, donde todas las ideologías tienen cabida, el conflicto no es necesariamente una patología”.
“Al contrario”, ha señalado Pasqual del Riquelme, quien ha matizado que el conflicto es “un indicador de sociedades abiertas, de sociedades dinámicas y vivas”. “Lo que es una patología es la judicialización masiva de toda esa conflictividad y, por lo tanto, creemos que todos los mecanismos que interpongan entre el conflicto y la judicialización posibilidades de encauzamiento y de solución es una magnífica idea”, ha zanjado.
El secretario general de la UMU, Francisco Antonio González, ha recordado que hay una ley estatal que regula las normas de convivencia y que obliga, entre otras cuestiones, a desarrollar mecanismos alternativos de solución de conflictos. “La UMU se toma en serio este trabajo, como no podía ser de otro modo, pues entenemos que hay que respetar los valores democráticos, defender los derechos fundamentales y mejorar la convivencia”, ha señalado.
En base precisamente a esas cuestiones, la UMU ha aprobado el reglamento de su Comisión de Convivencia, un texto que recoge 15 preceptos que pretenden ser “operativos”. La Comisión, por su parte, está compuesta por 12 personas que representan al alumnado, al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS).
Sigüenza, además, ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con el Punto Neutro de la Promoción de la Mediación de la Región de Murcia, auspiciado por el Tribunal Superior de Justicia, para que la Comisión pueda recurrir a especialistas en mediación con experiencia en aquellos casos que considere necesarios.
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
El Defensor del Universitario, Juan José Vera, se ha remitido a la Memoria de la Defensoría Universitaria y, en cualquier caso, ha señalado que están bajando los conflictos “clásicos” como, por ejemplo, los que tienen que ver con la evaluación, mientras que aumentan los de conflictos de relaciones interpersonales “a todos los niveles, entre compañeros o entre distintos estamentos”.
Vera ha puntualizado que algunos de estos conflictos “sí son virulentos” y otros son “más livianos”. En cualquier caso, ha advertido que la convivencia “se está convirtiendo en un tema importante” para la comunidad universitaria de la UMU.
“Y yo diría que también se está convirtiendo en un tema importante para esta sociedad, a la vista de cómo está el panorama político, social e internacional”, ha señalado. A su juicio, la convivencia va a ser un “reto” en el siglo XXI y también para la UMU.
Ha considerado que un conflicto es grave “cuando tiene consecuencias de salud mental, personal o psicosocial en las personas a las que afecta”. Es decir, “cuando alguien acaba pidiendo una baja o acaba paralizando una trayectoria profesional”, según Vera. De ahí, ha justificado la necesidad de crear esta Comisión “para actuar desde el primer momento y con celeridad”.
De todas formas, ha recordado que el Defensor del Universitario emitió a principios de este curso una recomendación sobre soluciones de conflictos en la universidad que implicaba “una puesta al día de la dinámica”.
Ha destacado que los conflictos más importantes tienen que ver con las fricciones y “tiras y afloja” relacionadas con la evaluación; mientras que los conflictos de convivencia suponen entre el 10 y el 15% de los casi 400 casos contabilizados este año. “Estamos en el segundo año más alto en la última década en cuanto a casuística”, ha concluido.
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