El número de víctimas por violencia de género en la Región de Murcia registradas en el primer trimestre baja levemente
MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)
La Región de Murcia registró una tasa de 24 víctimas por cada 10.000 mujeres en el primer trimestre del año, superior a la media nacional (17,5) y la tercera más elevada por comunidades autónomas solo inferior a las de Navarra (30,1) y Baleares (27,3), según los datos hechos públicos este viernes por el Observatorio contra Violencia Doméstica y de Género.
En concreto, la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 15,5 en toda España, 0,9 puntos más baja que en el primer trimestre de 2023. Por encima de la media nacional se situaron Navarra, 30,1; Baleares, con 27,3; Murcia, con 24; Comunidad valenciana, con 22,3; Canarias, con 22,1; Andalucía, con 19,9; y Madrid, con 17,9.
Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en La Rioja, con 10,6; Castilla y León, con 12; Galicia, con 12,2; Castilla-La Mancha, con 13,4; Extremadura, con 13,5; País Vasco y Cataluña, con 13,8; Aragón, con 14,3; Asturias, con 14,9 y Cantabria, con 17, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
Asimismo, los juzgados con competencia en violencia de género de la Región de Murcia recibieron un total de 1.948 denuncias entre enero y marzo de 2024, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2023. El 64% de las víctimas tenía nacionalidad española, y 15 eran menores de edad, según estos datos.
En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 110 mujeres víctimas, el 5,8% del total. De ellas, 77 eran españolas y 33 tenían otras nacionalidades.
El 77% de las denuncias (1.500) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado; los familiares presentaron 44 (2% del total); 86 se incoaron por parte de lesiones recibido directamente en el juzgado (el 5%) y por servicios de asistencia y terceros, 27 (1%). Por último, las denuncias registradas por intervención directa de la policía, 291, representan el 15% del total.
Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 335 órdenes de protección, un 10,7% menos que hace un año. De ellas, 268 (80%) fueron acordadas.
MEDIDAS JUDICIALES PENALES Y CIVILES DE PROTECCIÓN
Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 718 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (249) y la prohibición de comunicación (249).
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 219 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron la suspensión del régimen de visitas (61) y las relacionadas con la prestación de alimentos (53). Otras medidas civiles adoptadas fueron la atribución de la vivienda (43) y la suspensión de la guardia y custodia (15).
Por su parte, entre enero y marzo de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 3 menores de edad (los mismos que hace un año). Se impusieron medidas en todos los casos.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha advertido que hay que ser “prudentes” en el análisis de los datos del primer trimestre del año y no avanzar conclusiones hasta comprobar si la disminución de las denuncias (de un 1,17%) y víctimas (de un 3,28%) responde a un hecho aislado o al inicio de una tendencia a la baja en las cifras que recoge la estadística.
Ha añadido, en este sentido, que “no deben sacarse conclusiones precipitadas pues existen dos posibles causas que requerirían de actuaciones diferentes: podría tratarse de una disminución de los casos de violencia machista, situación ante la que cabría mostrarse optimistas pero sin bajar la guardia y sin dejar de invertir y de desarrollar medidas de prevención, de atención integral a las víctimas y de persecución del delito por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por la Justicia”.
“Y podría tratarse también de una reducción de las denuncias, circunstancia muy preocupante que requeriría un análisis en profundidad de sus causas y la puesta en marcha de nuevas medidas que contribuyeran a aumentar la confianza de las víctimas en las instituciones, poniendo de manifiesto la importancia de la denuncia como único medio para evitar la impunidad de los maltratadores y para dotar de mayor protección a las mujeres y a sus hijos e hijas”, ha afirmado.
Carmona ha destacado que, pese a la reducción de las denuncias, los asuntos civiles (relativos a los procesos de separación) que ingresan en los juzgados de violencia sobre la mujer han aumentado un 9,4% con respecto al año anterior.
Un dato “significativo” en la medida en que es un hecho comprobado que “el simple anuncio de la voluntad de separarse del maltratador es uno de los principales factores de riesgo para la vida de la víctima y también para la de sus hijos e hijas”. Por su parte, la disminución de los procedimientos penales apenas ha alcanzado el uno por ciento, según las mismas fuentes.
La presidenta del Observatorio ha destacado también el dato de las víctimas que se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor. Fueron 4.014, casi una de cada diez víctimas, lo que ha supuesto un descenso del 16,44% respecto a 2023.
Para Carmona, se trata de un dato “importante” puesto que la declaración de la víctima “es, en muchos casos, el único elemento de prueba que permite avanzar en el esclarecimiento de unos hechos delictivos que con enorme frecuencia ocurren sin terceras personas como testigos”. “La renuncia a la dispensa evita la impunidad”, ha señalado.
Otro dato relevante para Carmona es el aumento, en un 17,5%, del número de menores de edad juzgados por violencia de género, un dato representativo del incremento que se observa en los últimos años de este tipo de delitos entre los más jóvenes. También muy elevado ha sido el porcentaje de menores condenados, que en el primer trimestre del año ha alcanzado el 91,49% de los enjuiciados.
Por este motivo, la presidenta del Observatorio ha insistido en recordar a todas las instituciones con competencias en materia de educación y, en general, a toda la sociedad la importancia de educar en valores como la igualdad y el respeto desde edades muy tempranas. Y ha pedido la colaboración de los centros educativos en la detección de posibles situaciones de violencia machista entre el alumnado. La contribución de estos profesionales resulta fundamental, ha asegurado.
Y, por último, ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación, para que sigan jugando el importante papel que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género les atribuye por su capacidad para llegar a todos los públicos.
Su contribución es “fundamental” para dar la mayor difusión posible a campañas de concienciación frente a la violencia machista, así como para difundir un mensaje positivo a las víctimas. “Todas ellas deben ser conscientes de que se puede salir de la violencia, de que pueden volver a tomar las riendas de sus vidas y proteger a sus hijos e hijas. Sólo deben dar un paso adelante, pedir ayuda y denunciar”, ha concluido Carmona.
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