Hace un llamamiento a la “responsabilidad social” de las empresas que prestan este servicio en la Región
MURCIA, 8 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Educación ha cubierto hasta el momento un total de 251 rutas escolares que dan cobertura a 12.500 alumnos de la Región, lo que representa el 62%, y continúa en negociaciones con el sector para que el servicio pueda llegar al resto cuanto antes, según han informado fuentes de ese departamento a Europa Press.
Cabe recordar que la Consejería que dirige Víctor Marín se rige por un acuerdo marco para la prestación del servicio por contratación pública, por el que se adjudicaron 97 rutas, mientras que las demás –336– quedaron desiertas.
Para cubrir el resto, Educación cursó invitación a todas las empresas que lo habían prestado el pasado curso escolar. De todas ellas, 101 rutas fueron aceptadas y adjudicadas para el que ha arrancado este viernes
Esta semana, la Consejería tuvo conocimiento de que algunas empresas no iban a aceptar las invitaciones cursadas, y, por lo tanto, no prestarían el servicio de transporte escolar en las rutas que quedaban sin adjudicar, al no aceptar las mismas que realizaron hasta el pasado junio y con las mismas condiciones.
Este jueves, 7 de septiembre, como fruto de las gestiones realizadas por la Consejería de Educación con el sector se consiguieron restablecer 53 rutas más.
En este momento ya se han adjudicado más del 62% de las rutas escolares que ofrece la Consejería, garantizando transporte escolar a 12.500 alumnos. En concreto, de las 433 rutas, que dan servicio a 20.000 alumnos, con una inversión de 16 millones de euros, se han adjudicado ya 251.
Desde la Consejería han asegurado que continúan trabajando para alcanzar una solución “dentro del marco legal vigente”, en un rango de precios ratificados por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ajustado “a la realidad del mercado”.
Con el fin de desbloquear esta situación, la Consejería ha planteado a los representantes del sector la posibilidad de revisar el marco contractual en 2024, que es cuando el plazo legal lo permite, si bien los cambios comenzarían a aplicarse a partir del próximo año.
Por último, Educación ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad social” de las empresas, “sin cuestionar, por supuesto, su interés empresarial legítimo”, al entender que el transporte escolar es un servicio que garantiza el cumplimiento de un derecho fundamental recogido en la Constitución, como es el de la educación.
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