CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)
La Comunidad Autónoma requerirá a ZINSA la retirada de 200.000 toneladas más de residuos de la zona donde se ubicaba la factoría en Cartagena. Así lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, durante un Pleno de Control al Consejo de Gobierno en la Asamblea Regional.
El consejero contestaba a una pregunta de la diputada de Podemos María Marín, que se interesaba por el cumplimiento de la sentencia que obliga a la descontaminación de los suelos. Así, Vázquez ha dicho que en los próximos días se enviará un “anuncio de que después de analizar toda la documentación requerimos la retirada de 200.000 toneladas más de residuos llegando así hasta las 350.000 toneladas”.
Durante la pregunta Marín ha recordado que “Torreciega y de la Estación exigen descontaminación ya,llevan muchos años exigiéndolo, pero una descontaminación de verdad y no la chapuza que han hecho en la balsa Jenny”.
A lo que el consejero le ha contestado que “no está siendo fácil, pero hemos exigido el vallado de seguridad de varias estructuras y la retirada de medio millón de litros de líquidos peligrosos, esto se está continuando con la retirada de 800.000 litros de residuos líquidos no peligrosos que se está realizando en estos momentos”, ha señalado añadiendo que también se ha requerido la retirada de 150.000 toneladas de residuos de amianto y otros materiales de acuerdo a la normativa “para garantizar la seguridad ambiental”, ha añadido. Asimismo, el consejero ha informado de que han requerido a la empresa que en un plazo de 3 meses aporte el plan definitivo para asegurar la descontaminación total del suelo de la zona.
AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS DE LA SEQUÍA
Durante la sesión, también se han abordado otras cuestiones, desde VOX han preguntado sobre medidas para mitigar los daños de la sequía en los cultivos de secano recordando que en la Región hay 194.000 hectáreas de secano en la Región.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha asegurado que “si hay un gobierno que apoya, respalda y protege a sus agricultores y ganaderos es el de López Miras. Nunca hemos dejado de lado a los agricultores o ganaderos”. Ha añadido que “nuestra Región es árida y con un volumen de lluvias no suficiente” y ha anunciado que están trabajando en las bases de la nueva convocatoria de ayudas para paliar los daños de la sequía del almendro, que permitirá planificar a los agricultores la inversión en los próximos tres años. “A esto vamos a destinar 4,5 millones de euros”, ha dicho.
En materia de servicios sociales, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha respondido a una pregunta del PP sobre la aportación del Gobierno de España a los servicios sociales. Ruiz ha denunciado que “el presupuesto estatal para el mantenimiento de las prestaciones sociales está congelado y que la Región asume el 57% del presupuesto frente al 18% que aporta el Gobierno central”.
Ha afirmado que “hablamos de derechos fundamentales y el Gobierno regional no va a dejar de exigir una financiación justa”. La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín ha señalado que “la radiografía de España en índices sociales es desoladora. Arrancamos con el doble de paro de la Unión Europea, lideramos la pobreza energética, el doble que en la Unión Europea y el doble que en 2018. La época sanchista solo nos trae desigualdad”.
Por otro lado, los socialistas se han interesado por la brecha salarial de género. En ese sentido, la diputada socialista Virginia Lopo ha señalado que “la brecha salarial en la Región es del 27% y somos la segunda comunidad con los salarios femeninos más bajos de España”. El consejero Juan María Vázquez ha asegurado que “el Gobierno regional mantiene su compromiso con la eliminación de la brecha salarial de género. Esto requiere de un trabajo constante y coordinado”.
Ha destacado que, entre 2015 y 2022, “la brecha salarial de género ha descendido seis puntos en la Región, lo que nos indica que estamos en el camino correcto”. También ha indicado que “se avanza en la segunda estrategia para la eliminación de la brecha salarial, que se está elaborando con los agentes económicos y sociales a través de un proceso de diálogo y análisis profundo para implementar medidas eficaces y realistas”.
En materia de educación, el diputado de Podemos Víctor Egío ha inquirido por la dotación económica al programa Erasmus. Durante su turno Egío denunciaba que “el año pasado la Región destinaba 400.000 euros a complementar las becas Erasmus+, y este año son solo 200.000 euros, un 15% menos que en 2019, pese a que la inflación ha subido más de un 20% en la Unión Europea”.
Ha criticado que “el programa Erasmus es fundamental para facilitar la movilidad de los estudiantes. Las comunidades autónomas complementan las becas del Ministerio, pero esas ayudas son dispares. En la Región, cada alumno recibe 25 euros mensuales y una palmadita en la espalda”. El consejero de Universidades, Juan María Vázquez, por su parte, ha respondido que “la financiación de las universidades ha subido para gastos estructurales y para objetivos y es de 261 millones de euros este año, con un incremento del 20% en los últimos dos años”. Ha añadido que “en los últimos seis años se han destinado 1,5 millones de euros” y que “la Consejería trabaja con las universidades para abordar las necesidades”.
También se han abordado otras cuestiones como la función de la ley del Mar Menor con respecto a las dotaciones de agua a las granjas porcinas en zonas declaradas vulnerables a los nitratos. El diputado de Vox Pascual Salvador ha criticado que “los ganaderos prácticamente van a tener que ir a servicios sociales tal y como se están haciendo las cosas. Las granjas porcinas están sufriendo una auténtica cacería”. Ha cuestionado la duplicidad de normativas y la burocracia que afecta a las explotaciones porcinas.
“¿Qué ley tienen que cumplir los ganaderos para impermeabilizar las balsas, la del Mar Menor o la de la Confederación? Si las medidas prioritarias son las de la Confederación, ¿para qué queremos la Ley del Mar Menor? Para más burocracia, más limitaciones y más indefensión para los ganaderos”, ha afirmado. La consejera Conchita Ruiz ha defendido que “la situación del Mar Menor obligó en 2020 a adoptar medidas urgentes para su protección y recuperación. En el caso del sector agrícola y ganadero, tenía la función de adoptar medidas adicionales y acciones reforzadas contra la contaminación por nitratos”.
Ha señalado que “el Gobierno de la Región ha adoptado todas las medidas adicionales previstas en la normativa y confiamos en que la Confederación Hidrográfica del Segura tenga en cuenta las medidas adicionales, específicamente para las explotaciones ganaderas”.
Sobre la adecuación de las previsiones de la AEMET con respecto a las lluvias torrenciales del 5, 6 y 7 de marzo, el diputado de Podemos Víctor Egío ha preguntado al Gobierno regional sobre su valoración.
En respuesta, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha indicado que “había previsiones que decían que a una determinada hora decaían todos los avisos y pasábamos a la alerta naranja. La AEMET depende del Estado”. En ese sentido, ha recordado que su función en el Gobierno no es valorar lo que hace la AEMET aunque las previsiones cambien, “nuestra obligación es estar coordinados y actuar de manera permanente y enviar los mensajes, como hicimos, ante un riesgo de desborde”.
Ortuño también ha contestado a una pregunta de VOX sobre la caída del sistema informático del 1-1-2 durante la alerta amarilla por la emergencia climática en la Región. El consejero ha reconocido que por causas ajenas al 1-1-2 hubo “una incidencia puntual que fue rápidamente subsanada”. Así, durante 33 minutos la comunicación con los organismos afectados fue analógica. “Durante esos minutos se atendieron todas las llamadas que entraron, que fueron 101”.
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