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La Asamblea urge al Gobierno central a mejorar las condiciones salariales de los letrados de Administración de Justicia

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CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional urge al Gobierno nacional a que atienda a las reivindicaciones salariales y retributivas de los letrados de la Administración de Justicia. El Pleno ha aprobado una moción presentada por el PP para dar una solución a sus reivindicaciones.

La diputada del PP Miriam Guardiola ha recordado que los letrados de la Administración de Justicia convocaron el año pasado varios paros “sin que el Gobierno diera respuesta a sus reivindicaciones y se han vuelto a plantar ahora indefinidamente, especialmente para la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional”.

A su juicio, “hay que ser serios y rigurosos”, ha dicho al tiempo que ha recordado que las asociaciones convocantes han advertido a Sánchez de la “gravedad” y de la “extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales, que puede generar la huelga indefinida”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, considera que “para el gobierno sanchista el poder judicial solo es un campo sobre el que proyectar sus tentáculos”.

La socialista Virginia Lopo ha expuesto que en una negociación y en una huelga “la responsabilidad no es solo de una de las dos partes”, ha dicho echando en cara que en ” la Región tienen convenios de hostelería sin negociar 15 años y no piden que se resuelva inmediatamente, tienen negociando a los sindicatos las 35 horas para los funcionarios de la administración y tampoco lo resuelven inmediatamente”. Los socialistas habían presentado una enmienda a la totalidad a la moción del PP en la que pedían a ambas partes, Gobierno y a las asociaciones de letrados a que siguieran avanzando en la negociación.

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha sacado adelante una iniciativa del PP en la que se solicita al Consejo de Gobierno que urja al Ministerio de Hacienda a que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

La diputada del PP María Dolores Valcárcel ha expuesto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal (AIReF) establece que la Región de Murcia es la “peor financiada y que sus ciudadanos reciben 303 euros menos por habitante que la media y 864 euros menos que obtiene la comunidad autónoma mejor financiada”.

Según ha indicado durante el debate, “si la Región hubiese recibido por habitante 1.228 millones, al igual que Cantabria, podríamos hacer creado 48.000 plazas más para mayores y personas con discapacidad, 365 colegios, 217 institutos, 202 centros de salud y 145 kilómetros de autovía”, por lo que para paliar la situación de infrafinanciación “debe ser una prioridad máxima del Gobierno de Sánchez reformar el actual sistema de financiación autonómica”.

Durante el debate de esta iniciativa, la diputada de Podemos María Marín ha aprovechado su turno para reproducir una grabación del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la que lamenta la dimisión del expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio, lo que le ha valido una llamada de atención por parte de la Presidencia del Pleno. Marín aprovechaba para recordarle al PP de quién heredó su cargo el presidente López Miras.

En el Pleno también se ha acordado que la Comunidad pida al Gobierno nacional que “de manera inmediata” elabore y ponga en marcha un plan de medidas urgentes y efectivas que palie el déficit de médicos que sufren las comunidades autónomas. El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde a esta enmienda a la totalidad presentada por el PP a una iniciativa del PSOE en la que pedía que se contratara el personal sanitario necesario para mantener abiertos y a pleno rendimiento todos los centros de salud y consultorios de Cartagena.

La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha expuesto que en el área de Cartagena trabajan 100 profesionales más, pero que si faltan médicos se trata de un problema de carácter estatal.

Por su parte, la diputada del PSOE Carmina Fernández ha advertido que la atención sanitaria en los centros de salud de Cartagena “es deficitaria desde hace años. En los últimos meses hemos asistido a cierres de consultorios y al cierre de consultas de especialista por falta de personal sanitario”. Los socialistas han añadido que el déficit de atención sanitaria en esta área de Salud “está dando lugar a un aumento de las demoras y las listas de espera tanto en Atención Primaria como en pruebas diagnósticas. Los vecinos tienen que esperar más de 18 días para conseguir una cita con su médico en el centro de salud o consultorio”, ha añadido.

Durante la sesión plenaria también se ha rechazado la creación de una dirección general de Hostelería, que pedía la diputada del Grupo Mixto, perteneciente a Ciudadanos Ana Martínez Vidal con el fin de impulsar este sector. Martínez Vidal ha asegurado durante la defensa de la iniciativa que la aportación de la hostelería al PIB regional ha descendido al 2,7% tras el Covid y, además, ha dicho que los 30.000 empleados de este sector están trabajando con un convenio de hace 14 años.

“Esta dirección general debería promover también políticas de fomento de la formación de los empleados del sector”, ha dicho. Sin embargo, la razón para votar en contra de la iniciativa la ha dado el PP que, según Ramón Sánchez Parra, “crear una dirección general para estas cuestiones, que ya se realizan en el Centro de Cualificación Turística, supondría un gasto extraordinario y tener menos agilidad en la gestión”.

El Pleno de la Asamblea también ha rechazado una propuesta del PSOE para elaborar un Plan Estratégico Cultural que esté consensuado con los agentes implicados y los ayuntamientos. La socialista Magdalena Sánchez considera que el Gobierno regional debe redactar un Plan que ponga en marcha una gestión profesionalizada de las políticas públicas culturales que incluya, a su vez, la creación de un Consejo Autonómico de Cultura, así como políticas fiscales y ayudas económicas públicas que potencien el micromecenazgo.


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