CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)
La Asamblea Regional se ha convertido en el quinto parlamento autonómico en disponer de un protocolo para prevenir y actuar en situaciones de acoso sexual. La Asamblea se suma así a los parlamentos de Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, que ya disponían de este tipo de normativa.
El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, y la vicepresidenta segunda de la Cámara, Gloria Alercón, han presentado el protocolo, que ha introducido novedades con respecto a lo aprobado en otras Cámaras legislativas autonómicas, según ha manifestado Alarcón.
Entre las novedades que se introducen en el mismo figura el hecho de que en la Asamblea se podrá iniciar el procedimiento de actuación ante cualquier caso de acoso, ya se disponga de una denuncia escrita o simplemente de un comunicado oral. “Hay que ayudar a la víctima en todo momento, por lo que una manera de hacerlo es facilitándole a que se ponga en marcha el protocolo y una manera de hacerlo es consentirle que haga la denuncia oralmente”, ha explicado Alarcón.
Además de eso, se permitirá que no solo sea la persona acosada la que pueda denunciar, sino que también lo hagan otras personas de su entorno. “Esto no está en todos los protocolos aprobados, nosotros queremos que con esto cualquier actuación que sea susceptible de ser calificada de acoso, sea atajada lo más rápida y fácilmente posible y con todas las garantías”, ha señalado.
Por otro lado, la Asamblea se ha fijado en el protocolo aprobado en Cataluña, aunque se han introducido cambios para que cualquier persona que sufra acoso en la Asamblea, no solo al personal de la Cámara, “esté protegido por este protocolo”. En ese sentido, estarán protegidos tanto el personal de la Asamblea, como el personal de los medios de comunicación que desarrollan allí su actividad, los diputados y las personas que presten servicios a terceros en la Asamblea. “El ámbito subjetivo del protocolo es muy amplio porque queremos que la Asamblea sea un espacio de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión sexual por razón de sexo o por orientación sexual”, ha dicho.
También se han acortado los plazos para que como máximo el procedimiento tenga un máximo de 45 días. “El Ministerio y otros protocolos lo cifran en dos meses, pero aquí hemos preferido reducirlo para que el daño que pueda sufrir esa víctima sea menor”, ha explicado.
Además de eso, el protocolo incluye un catálogo de ejemplos de conductas verbales, no verbales y ambientales que pueden ser constitutivas de acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual, así como la constitución de una Comisión de seguimiento del protocolo, así como el estudio de esta realidad en la Asamblea.
La elaboración y puesta en marcha de este protocolo se enmarca dentro del I Plan de Igualdad de la Asamblea, que se espera aprobar antes de final de la legislatura.
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