CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)
VOX y PP han dado luz verde este martes en el Pleno de la Asamblea Regional a la proposición para modificar la ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud (SMS). La propuesta, que surge de VOX, tiene la finalidad de que los jefes de servicio del SMS puedan trabajar también en la sanidad privada.
El diputado de VOX Rubén Martínez ha expuesto que su grupo no considera justa la ley, motivo por el que promueven la modificación de la norma aprobada en 2001 por el PP. Esta medida decaerá si se aprueba el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad mediante el cual se quiere extender a todo el territorio nacional la prohibición de compatibilidad que actualmente solo está en vigor en Murcia y Aragón.
En este sentido, Martínez ha anunciado que si sale adelante la propuesta del Ministerio la recurrirán. “La incompatibilidad para los jefes de servicio supone un grave problema para garantizar la excelencia sanitaria. Si se cumplen las amenazas de la banda de Pedro Sánchez, de los comunistas estos, sin duda, tendremos muchísimas repercusiones negativas en todo el territorio nacional”, ha dicho.
Por parte del PP, Antonio Martínez ha asegurado que esta incompatibilidad está provocando que “plazas de jefaturas de servicio hospitalarias queden vacantes por tener condiciones que no resultan atractivas para profesionales con gran experiencia, lo que puede suponer que el usuario del sistema no se beneficie del conocimiento y la experiencia de estos profesionales”.
Entre los críticos con la modificación destacan PSOE y Podemos. La socialista María Soledad Sánchez ha reprochado a VOX que las excusas para modificar la ley “son una ofensa para los miles de profesionales del SMS” y ha instado a “proteger mucho más aún el sentido de la función pública reflejado en la Constitución”. En ese sentido, ha argumentado que la exclusividad de los médicos que ejercen labores de dirección “fortalece el sistema de pertenencia. Los conflictos de intereses pueden propiciar problemas de productividad y prácticas irregulares”.
La diputada de Podemos María Marín también ha advertido que la razón de la incompatibilidad está recogida también en la ley. “Se excluye al personal facultativo que ocupe labores de dirección para que las decisiones que se adopten no se encuentren condicionadas por intereses distintos”, ha dicho señalando que un jefe de servicio puede influir en la externalización de estos y llevarlos a los hospitales donde trabaje por las tardes.
Asimismo, el Pleno ha aprobado una moción del PP, que ha contado con el apoyo de VOX, y que rechaza la propuesta del Estatuto Marco anunciado por el Ministerio de Sanidad. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha advertido que el Estatuto Marco “genera incertidumbre, ataque directo a los derechos de los profesionales, lo que provocará agravar el problema de déficit médico”. La diputada de VOX María José Ruiz ha recordado que “se debe diseñar un plan nacional de Sanidad que subsane las diferencias entre regiones. Hay que frenar toda propuesta que rompa la unidad de España creando diferencias entre españoles”.
Por contra, la diputada de Podemos María Marín ha reprochado al PP que no llevara al Pleno propuestas para mejorar el Estatuto Marco. Y se ha mostrado a favor de medidas incluidas en el Estatuto Marco como la adaptación de las categorías profesionales para que las enfermeras sean A1 y las TCAE, nivel C1 exigiendo que sus retribuciones “se adapten a esta categoría profesional”. Al igual, la socialista María Soledad Sánchez ha recordado que la renovación de esta norma es “una petición de los sanitarios”.
El Pleno también ha aprobado por unanimidad una iniciativa de VOX para que el Gobierno regional ponga en marcha un plan integral de calidad y auditoría en la gestión de los contratos-programa suscritos por las distintas consejerías con entes y organismos públicos.
El diputado de VOX Rubén Martínez ha asegurado que en la Asamblea el consejero no dio las razones en la interpelación que le hicieron sobre el incumplimiento legal relativo a la publicación de forma periódica de los referidos informes de seguimiento, “ni se ha ofrecido explicación razonada sobre el procedimiento y establecimiento de indicadores adecuados para el evaluar el cumplimiento de los objetivos estipulados en los correspondientes contratos programa. Tampoco se ha justificado debidamente el retraso en la formalización de los contratos programa, llegando incluso a formalizarse dichos contratos a escasos días de terminar el año al que dicho contrato se refiere”.
Por otro lado, el Pleno ha rechazado una moción del PSOE en la que se pedía que el Gobierno regional aplicara la ley de vivienda estatal y definiera como zonas tensionadas aquellas que sufren los alquileres más elevados. El único respaldo al PSOE ha sido de Podemos.
El diputado del PSOE Miguel Ortega ha recordado durante la exposición de la iniciativa que desde hace años los precios de los alquileres y la vivienda en la Región “no paran de subir. Somos la segunda comunidad donde más sube el precio de la vivienda. Y esto es por culpa, exclusivamente, de 30 años de gobiernos del PP”, ha manifestado al tiempo que ha reprochado al Gobierno regional la no aplicación de la ley.
“Lleva ocho años sin construir ni una vivienda pública, no limita la proliferación de pisos turísticos y no paga la ingente cantidad de ayudas que está financiando el Gobierno de España, como el Bono al Alquiler Joven”, ha advertido.
VOX y PP han votado en contra de esta iniciativa. Desde VOX Ignacio Arcas ha pedido al PP no traicionar a sus votantes y “no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno corrupto de Pedro Sánchez”, a lo que la presidenta de la Asamblea le ha llamado la atención y, a petición del PSOE, le ha pedido retirar dicha afirmación, lo que ha subsanado añadiendo “presunto” delante de corrupto. El diputado del PP Antonio Landáburu, por su parte, ha advertido que el problema de la vivienda “no se soluciona con medidas populistas” y considera que el PSOE “intenta traer en forma de crispación medidas populistas” para solucionar el problema de la vivienda.
Además, la Asamblea constituirá una Comisión Especial de Investigación sobre las derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada. La iniciativa, presentada por Podemos, ha salido adelante con los votos también favorables de PSOE y VOX y el voto en contra de PP.
La diputada de Podemos María Marín ha denunciado que se están derivando operaciones y pruebas de la Arrixaca a hospitales privados “sin justificar la necesidad de dichas derivaciones”. Para ello ha puesto como ejemplo la externalización de las operaciones de cataratas pagando en 2022 a hospitales privados en el Área de Salud número 1 unos 358.937 euros por las operaciones “y nunca se justificó la carencia de medios propios, según el informe del Tribunal de Cuentas”.
Desde VOX, Eugenia Sánchez ha señalado que “es un derecho de los ciudadanos conocer la verdad”. A su juicio, el informe del Tribunal de Cuentas “denuncia unos hechos graves, tenemos más gasto, más déficit y menos resultados para los ciudadanos”. De similar opinión es la socialista María Soledad Sánchez que también ha asegurado que el Servicio Murciano de Salud derivó pruebas a centros privados “al margen de la ley”.
Por contra, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha defendido que se haya actuado “conforme a la ley. Hoy el Tribunal de Cuentas ratifica que procede decretar el archivo de todas las actuaciones por no existir indicio de alcance contable, por tanto, ¿quién miente? ¿El Tribunal de Cuentas o el PSOE”, ha dicho rechazando la creación de dicha comisión porque “no hay nada que investigar”.
Finalmente, el Pleno ha aprobado también ampliar el plazo para que la Comisión de Estudio sobre Infancia y Adolescencia pueda concluir sus trabajos y elevar al Pleno el correspondiente dictamen.
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