Murcia registra el tercer mayor descenso en beneficiarios de las RMI por comunidades, con un descenso del 54%
MURCIA/MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en la Región de Murcia se situó en 10,8 millones de euros en 2021 tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un 37% menos con respecto a los 17,2 millones de euros presupuestados en 2020, según ha informado la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Se trata de una caída superior a la de la media nacional (-13%) y el sexto mayor descenso por comunidades, solo inferior a los de Madrid (-56%), Aragón (-53%), Castilla-la Mancha (-53%), Castilla y León (-49%) y Extremadura (-42%).
Además, la Región registró 9.008 perceptores de las RMI en 2021, lo que supone un descenso del 54% con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 19.783, el segundo mayor descenso por comunidades solo por debajo de La Rioja (-56%), frente al descenso del 19% de la media nacional.
En concreto, las comunidades autónomas redujeron en 247 millones de euros su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) tras la implantación del IMV, pasando de 1.969.201.830 euros en 2020 a 1.721.795.742 euros en 2021, lo que supone una reducción del 13%, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El análisis revela que algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura redujeron sus presupuestos en torno al 50% o más. No obstante, algunas de ellas destinaron el “ahorro” que supuso el IMV, a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras supuso “sin más” una reducción de su gasto social, en un año marcado por la crisis sanitaria y social.
Además, el informe señala que el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Así, la asociación denuncia que “solo” el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas rentas.
En concreto, de los datos se desprende que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual del gasto en Rentas Mínimas de Inserción. La asociación advierte de que tanto en esta comunidad como en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura “las RMI están siendo sustituidas por el IMV”.
Esta situación contrasta con otras como la de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, donde estas rentas mínimas se han “reforzado” como complemento del IMV, con incrementos presupuestarios que en el caso de las dos primeras superan el 60%.
Esta situación de “retroceso”, en unos casos, y de “refuerzo” en otros, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, reducen “significativamente” el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en la Comunidad Valenciana.
Además, en Navarra y País Vasco destacan los elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza, 75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco. Por el contrario, la asociación constata la “extinción” de estas rentas mínimas en Castilla-La Mancha, con un 0,6% de beneficiarios.
Respecto a la cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las que están por encima de la media (que se sitúa en el 15,9%). Por el contrario, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI no alcanza el 10% de la renta media por hogar en esas comunidades.
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que “muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social” que, según avisan, “no es lo mismo que pobreza”, pues no solo se refiere a carencia material sino a la acumulación de vulnerabilidades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación.
Según recuerda la asociación, la finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional.
Por ello, exige a las CCAA que, como ya han hecho alguna de ellas, “destinen el ‘ahorro’ que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas”.
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