CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha atribuido el incumplimiento del contrato de construcción del aeropuerto de Corvera a la crisis financiera de 2008, la pérdida de financiación por parte de Bankia, la competencia de los aeropuertos de San Javier y Alicante, y los cambios normativos del sector aéreo.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Regional sobre la fallida liquidación del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
“En 2006 cuando se presenta la oferta del proyecto, había entidades financieras comprometidas con su financiación. Pero en 2008, tras la adjudicación, Bankia se retiró y el proyecto se volvió inviable económicamente”, ha explicado.
Según Manrique, la sociedad concesionaria (Aeromur) intentó sin éxito reequilibrar económicamente el contrato y construir el aeropuerto con recursos propios y líneas de crédito.
“Fue una situación límite”, ha reconocido, añadiendo que “entre 2010 y 2012 se culminaron las obras a pesar de todas las dificultades”.
El presidente de Sacyr ha asegurado que la concesionaria siempre tuvo voluntad de abrir el aeropuerto, pero se encontró con nuevas exigencias normativas, retrasos administrativos y decisiones del Ministerio de Fomento que dificultaron su puesta en marcha.
“En 2011 se inauguró una nueva terminal en Alicante con una inversión de 658 millones y se amplió la pista de San Javier, lo que complicó aún más la viabilidad del aeropuerto de Corvera”, ha dicho.
Respecto al actual proceso de liquidación, Manrique ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo con la Comunidad Autónoma, reconociendo que la sociedad tiene un crédito con la administración regional de 143 millones de euros.
“Nos hubiera gustado resolver esto de forma rápida, pero han pasado años sin lograrlo. Cuando trabajábamos juntos, conseguimos hitos importantes. Desde que vamos por separado, llevamos 12 años en los tribunales”, ha lamentado.
Durante su intervención, Manrique ha defendido el modelo de colaboración público-privada, destacando que “el futuro viene por la colaboración público-privada”. Ha remarcado que “la idea extraordinaria, imaginativa y valiente de hacer un aeropuerto en Murcia fue posible precisamente porque empresas privadas y la administración caminaron de la mano”.
A su juicio, este tipo de colaboración fue clave para lograr que el Ministerio de Fomento declarara el aeropuerto de interés general, que se aprobara el proyecto, y que se consiguiera el aval financiero.
“Hicimos un aeropuerto muy bueno. Pero cuando se separaron los caminos entre lo público y lo privado, comenzaron los problemas”, ha asegurado.
La sesión también ha contado con la comparecencia de Ana Tudela García, directora de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
Tudela ha detallado que, tras la resolución del contrato, la Consejería de Fomento aprobó la liquidación de las inversiones realizadas por Aeromur por un importe de 143 millones de euros, además de tasar en 180 millones los daños y perjuicios causados a la Administración regional, estableciendo un saldo final de liquidación del contrato de 36,3 millones.
Ha añadido que esta orden de liquidación no incluía los créditos derivados de la ejecución del aval, que fueron reclamados por separado por la Consejería de Hacienda, generando varios contenciosos administrativos.
Tudela también ha explicado que la sociedad concesionaria reclamaba a la Administración más de 500 millones de euros, incluyendo inversiones supuestamente no reconocidas, lucro cesante y la devolución de la garantía incautada.
Durante su mandato, el procedimiento se mantuvo en suspensión por derivación a la unidad de mediación judicial del TSJ entre noviembre de 2022 y marzo de 2024.
Finalmente, según ha dicho, el TSJ dictó sentencia anulando la liquidación del contrato por considerar caducado el expediente de daños y perjuicios, pero desestimó las pretensiones de la concesionaria, ratificando que la liquidación de inversiones realizada por la Comunidad era un acto firme y consentido por no haberse recurrido en plazo.
Además, ha expuesto que “se está haciendo un seguimiento meticuloso del concurso de acreedores y llegado el momento promoveremos todas las medidas que salvaguarden todos los intereses económicos de la Comunidad”.
Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez ha calificado el aeropuerto como “un fraude” que podría costar hasta 336 millones de euros a las arcas públicas.
“No ha creado empleo y tiene menos tráfico que San Javier”, ha criticado, cuestionando también las previsiones de tráfico aéreo que, según Aeromur, iban a superar los 14 millones de pasajeros en 2030. “Una estimación completamente irreal”, ha dicho.
VOX, por su parte, ha señalado que la crisis financiera y el exceso de optimismo de la clase política y empresarial fueron claves en el fracaso. “Desde 2013 la Comunidad se embarca en una batalla judicial que hará muy difícil recuperar lo invertido”, ha advertido Ignacio Arcas.
Desde Podemos, Víctor Egío ha insistido en que “sin el testimonio de los expresidentes de la Comunidad, como Valcárcel, no se podrá obtener una visión completa”. Además, ha señalado que “fue un proyecto impulsado más por intereses personales que por criterios de viabilidad”, y ha pedido “autocrítica” ante unas previsiones que nunca se cumplieron.
El Partido Popular, a través de Víctor Martínez-Carrasco, ha recordado que el procedimiento judicial todavía sigue abierto y que, por tanto, no se puede hablar de una “liquidación fallida”. Ha defendido la colaboración público-privada y ha considerado que “se actuó de forma responsable ante los incumplimientos del contrato”, reconociendo los riesgos que conllevaba un proyecto de esta envergadura.
Igualmente, considera que el Gobierno regional “siempre ha tenido claro que contar con un aeropuerto es clave para que la Región de Murcia aumente su competitividad y se convierta en un destino turístico de referencia” y ha matizado que “además de la rentabilidad, se debe tener en cuenta el servicio que el aeropuerto presta a los ciudadanos de la Región; las oportunidades sociales que ofrecen las infraestructuras en general van más allá de su coste”.
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