MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España la creación de nuevos Juzgados de Violencia contra la Mujer “para afrontar la mayor carga de trabajo derivada de la Ley de Eficiencia de la Justicia, además de incrementar las convocatorias y plazas de jueces, magistrados y fiscales especialistas en violencia sobre la mujer”.
“Si no se dota a los Juzgados especializados en Violencia de Género de más medios materiales y humanos, las sentencias sufrirán considerables retrasos y las víctimas se verán desprotegidas”, ha advertido Maruja Pelegrín, defensora de la iniciativa.
“La ampliación material de los tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento, sin dejar de reconocer que es un compromiso político y social para nuestro país, debe necesariamente ir acompañada de los medios suficientes para poder hacer frente a todas las violencias contra las mujeres contempladas en el Convenio de Estambul, desde los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de lo Penal”, ha explicado Pelegrín.
“Debemos evitar por todos los medios que el calvario judicial que ya sufren las víctimas de violencia de género pueda desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores”, ha apuntado la diputada regional.
Al hilo, Pelegrín ha señalado que “los delitos contra la libertad sexual, por varias razones, han aumentado en los últimos años, mientras que, sin embargo, el sistema o planta judicial, no ha experimentado, en la misma medida y de forma paralela, el mismo crecimiento para atender el volumen de trabajo que se avecina”.
“En definitiva, todas las violencias contra las mujeres, que determina el Convenio de Estambul, deben contar con la garantía de protección del Estado y su correspondencia en el ámbito de la justicia, pero desde un tratamiento riguroso”, ha incidido la diputada del PP, que ha puesto el acento en “la necesaria especialización de los profesionales en estos tipos penales y su tratamiento”.
La parlamentaria autonómica ha hecho hincapié en “el necesario incremento en recursos humanos y materiales para afrontar esta carga adicional de trabajo, con el fin de revertir las nefastas consecuencias que tendría la llamada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia”.
“De lo contrario, si no se adoptan medidas, la norma está destinada a colapsar los Juzgados de Violencia de Género, lo que tendría fatales consecuencias sobre los derechos de las víctimas”, ha concluido Pelegrín.
- Te recomendamos -
