MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)
El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía presentado este lunes por el Gobierno de la Región de Murcia recoge un conjunto de argumentos centrados en la “flagrante” vulneración que supone esta norma de seis principios fundamentales consagrados en el Ordenamiento Jurídico español, entre los que se encuentran la igualdad, la separación de poderes y la justicia.
Uno de los motivos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico en su recurso contra la Ley de Amnistía es la conculcación del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos –artículo 9 de la Constitución–, porque el legislador “no puede declarar a un grupo de personas inmunes frente al Derecho y borrar para ellas retroactivamente la existencia de unos delitos”.
Esto supondría “sustituir” al Poder Judicial y afectaría “gravemente” a la seguridad jurídica en el Estado, según matiza el documento que recoge los argumentos ofrecidos por la Comunidad, al que ha tenido acceso Europa Press.
El recurso del Ejecutivo regional también hace referencia al “evidente” quebrantamiento que supone la Ley de Amnistía del principio y el derecho a la igualdad de todos los españoles –artículo 14–. En este sentido, señala que “condenados o acusados por unos mismos delitos pueden quedar, o no, exentos de la imposición de dichas penas”, frente a otros ciudadanos, también españoles, en esa misma situación.
En tercer lugar, el Gobierno regional hace hincapié en la separación de poderes — ejecutivo, legislativo y judicial–, al subrayar que el legislador “no puede usar sus poderes para trastocar el significado de un principio sustancial del Estado de Derecho como es la división de poderes, infiriendo en el terreno de un poder distinto del propio”.
LA LEY “RESPONDE A LA ARBITRARIEDAD DEL LEGISLADOR”
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico apunta en su recurso que la Ley de Amnistía “no respeta los parámetros exigidos por el Tribunal Constitucional para reconocerle su carácter como ley singular, al carecer de una justificación objetiva de su carácter excepcional o particular, sino que responde a la arbitrariedad del legislador”.
“Ello queda patente en el hecho de que el Senado, que también forma parte de las Cortes Generales, rechazó que la iniciativa esté fundamentada en el interés general, negando tanto su esencia como la pertinencia del procedimiento seguido, pues se trata de una amnistía en relación con unos actos que pretendieron la ruptura territorial del Estado y en los que el Senado se vio obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución”, añade el texto.
Además, apunta que la Ley de Amnistía “infringe el más elemental principio de justicia” porque “las mismas fuerzas políticas en que estaban integrados los beneficiados por la amnistía por los delitos que habían cometido, no solo no hayan manifestado arrepentimiento, sino que manifiestamente estén dispuestos a ejecutar esos mismos hechos delictivos”.
Otro de los argumentos ofrecidos por la Comunidad está relacionado con “la extinción de la responsabilidad contable” porque la Ley de Amnistía “vulnera el artículo 31 de la Constitución”, que recoge que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos bajo los principios de igualdad y progresividad”.
En este punto, la Comunidad subraya que, además, “la Unión Europea exige que existan sanciones penales efectivas y disuasorias para proteger los recursos”.
“AFECTA AL MODELO CONSTITUCIONAL
El recurso presentado por la Administración regional ante el Tribunal Constitucional pone de manifiesto que la Ley de Amnistía “afecta al modelo constitucional del Estado compuesto español y los principios fundamentales que lo sustentan, del que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia forma parte”.
Así, esa norma pretende “declarar inexistentes las consecuencias jurídicas derivadas de actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado y que han sido declaradas por los tribunales de justicia”, según precisa el documento.
Por otro lado, recalca que “prevé la exoneración de la responsabilidad contable y la eliminación del efecto restitutorio”, lo que implica “un menoscabo de las finanzas públicas que indirectamente afectan al resto de España y, por tanto, a la Región de Murcia”, y supone “una infracción del derecho de la Unión Europea”.
Además, el recurso resalta que el Estatuto de Autonomía “establece la obligación de que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia utilice los medios que le concede la Constitución, el Estatuto y las Leyes para promover la libertad y la igualdad de los ciudadanos murcianos y la solidaridad entre las comunidades autónomas”.
Al hilo, insiste en que la Constitución Española de 1978 “no hace mención alguna a la institución de la amnistía y sí prohíbe expresamente los indultos generales”. Por tanto, “la amnistía no tiene amparo en la Constitución, quien prohíbe lo menos prohíbe lo más”, tal y como sostiene el texto.
“Aún si se admitiera su encaje en la Constitución, esta Ley de Amnistía aprobada en las Cortes Generales es inconstitucional porque vulnera de forma flagrante los principios fundamentales consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, añade el documento presentado por el Ejecutivo murciano ante el Tribunal Constitucional.
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