Los servicios de Urbanismo están redactando los decretos de suspensión de actividad de dos discotecas
MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado la suspensión de la actividad y el precinto del establecimiento ‘Torre Antoñita’, de Pozo Estrecho, por realizar eventos para los que no tiene licencia municipal, según han informado en un comunicado fuentes municipales este lunes.
Además, los servicios de Urbanismo “están redactando los decretos para la suspensión de la actividad de dos discotecas de la ciudad en las que se han detectado modificaciones en sus estructuras interiores que carecen de autorización”. Así lo ha comunicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión de trabajo con los responsables del dispositivo especial que está revisando los locales de celebraciones.
Arroyo ha destacado que “ya se ha procedido a la inspección de 20 establecimientos y solo en tres de ellos se han detectado irregularidades que puedan suponer riesgo sobre la seguridad de las personas”.
Según los servicios de Disciplina Urbanística, ‘Torre Antoñita’, el restaurante sobre el que se ha ordenado la suspensión de actividad, “contaba desde 2018 con una licencia concedida ese año para la celebración de eventos en el interior del edificio y sin música, a pesar de lo cual se ha comprobado que la empresa realizó modificaciones para poner equipos de sonido y barras y otros elementos para dar uso al exterior del edificio”.
Según el consistorio, “el personal del establecimiento impidió la semana pasada el acceso a agentes de la Policía Local y a inspectores de los servicios municipales mientras en el interior se estaba realizando una celebración, lo cual supone una infracción grave de la legislación”.
Los otros dos establecimientos para los que se está redactando el decreto de suspensión de actividad “han realizado en su interior divisiones que suponen importantes alteraciones sobre sus licencias y afectan a los planes de seguridad”. Los servicios municipales comunicarán en las próximas horas a sus propietarios “la obligación de cerrar en tanto no regularizan su situación”, han explicado.
Siguiendo instrucciones de la alcaldesa, equipos mixtos compuestos por inspectores de Urbanismo y agentes de la Policía Local han estado trabajando en la inspección de los locales, “priorizando los de mayor aforo y centrando su trabajo en la comprobación de los sistemas de seguridad, evacuación y las instalaciones susceptibles de generar situaciones de riesgo para los clientes”, han puntualizado desde el Ayuntamiento.
Además, los servicios municipales trabajan en la redacción de un protocolo que “reforzará las medidas de control mediante sistemas que garantice la supervisión de las revisiones y actualizaciones a la que los establecimientos están obligados por la ley”.
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