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Dos acusados serán juzgados por provocar un fraude de 80.000 euros a la Seguridad Social a través de 3 empresas

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MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Murcia ha pedido 4 y 3 años de prisión, respectivamente, para los dos acusados de un presunto delito contra la Seguridad Social por un fraude en la obtención de prestaciones públicas que superó los 80.000 euros y del que se vieron beneficiadas 18 personas.

El juicio tendrá lugar este viernes, 15 de diciembre, a las 9.30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, uno de los acusados dirigió en 2012 y 2013 tres sociedades mercantiles adscritas al sector hostelero que figuraban en el registro como empleadoras, pero que en realidad no prestaban servicio alguno, ni pagaban salarios.

El objetivo, según el documento del Ministerio Público, era obtener de forma indebida prestaciones y subsidios de desempleo, así como otras ayudas de la Seguridad Social.

Las tres mercantiles eran dirigidas por el principal sospechoso, si bien en ninguna de ellas aparecía formalmente como administrador. En una “se prestó” a figurar con este cargo el otro acusado, todo “a cambio de una prestación económica” y “a sabiendas de que esta sociedad iba a ser utilizada para simular relaciones laborales”.

En las otras sociedades aparecían como administradoras otras dos personas que fallecieron en 2013.

De esta forma, un total de 17 personas cobraron subsidios por desempleo por valor de más de 76.000 euros, y una percibió cerca de 3.700 euros por maternidad.

La Fiscalía solicita para los 18 beneficiarios la pena de un año de cárcel, el pago del dinero defraudado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un tiempo de tres años.

Para el principal encausado, la Fiscalía reclama 4 años de cárcel y una multa de 200.000 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2.000 euros de multa que no satisfaga. Para el segundo cabecilla pide 3 años de prisión y el pago de una multa de 150.000 euros.

Además, el escrito de acusación apunta que los dos deberán indemnizar conjuntamente al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) por un importe de 75.031 euros, y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por 3.699,24 euros.

Además, propone imponer en ambos casos la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un tiempo de siete y seis años, respectivamente.


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