MURCIA, 13 (EUROPA PRESS)
La sede la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) ha acogido este lunes la primera de las 16 vistas fijadas en el juicio por la trama murciana del caso Púnica, en la que figura entre los acusados el exconsejero del Gobierno murciano Juan Carlos Ruiz.
En concreto, Ruiz es acusado por la Fiscalía de haberse beneficiado de fondos públicos para mejorar su imagen y reputación junto a otras personas, entre las que se encuentra el que fuera su jefe de gabinete; la entonces directora del Instituto de Turismo, y el excalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE).
Durante la vista celebrada este lunes, la acción popular, ejercida por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), ha anunciado que retira la acusación contra las mercantiles Eico y Madiva –en concurso de acreedores, según se ha precisado en el juicio–, cuyos responsables no se han presentado al juzgado.
Al comienzo de la vista, el abogado de Ruiz, Raúl Pardo-Geijo, ha intentado aplazar las sesiones del juicio por coincidirle con otros señalamientos previos, y el magistrado presidente le ha contestado que este juicio “ya ha comenzado” y que el tribunal “va a ser muy poco proclive a suspender” o cambiar el calendario fijado.
No obstante, al final de la jornada, el tribunal ha decidido fijar la siguiente vista para el próximo día 16, con el inicio de las declaraciones de cuatro testigos en la sede de la calle Génova, dentro de un procedimiento que se extenderá previsiblemente hasta el 13 de marzo. Los acusados declararán en último lugar durante cuatro sesiones.
La Fiscalía sostiene que, desde abril de 2014, con la intención de darse a conocer ante los ciudadanos de la Región de Murcia y transmitir una imagen positiva en las redes sociales, el entonces consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, que se postulaba para candidato para presidente de la Comunidad, se interesó por el paquete de trabajos personales que le ofrecieron los acusados José Antonio Alonso y Alejandro de Pedro.
Estos trabajos, según el Ministerio Público, estaban dirigidos a “cuidar su reputación en las redes sociales y promocionarle ante el Partido Popular nacional, aceptando el ‘Informe De Percepción Inicial’ que le entregaron los empresarios y que reflejaba su proyección en la red en esos momentos”.
Por ello, siempre según la Fiscalía, Ruiz concertó con su jefe de gabinete y con los acusados de Pedro y Alonso que la empresa Eico le gestionase sus redes sociales y le realizase trabajos personales de reputación online, “que situasen su nombre entre los primeros puestos en buscadores de Internet, transmitiendo siempre una imagen positiva, de cara a conseguir ser el candidato a presidente y ganar las elecciones”.
Asimismo, el Fiscal sostiene que Ruiz también convino, accediendo a las peticiones de los empresarios, sacar a licitación “contratos públicos que simulasen la necesidad de contratación de cualquier servicio relacionado con el objeto social de las mercantiles Eico y Madiva, y su adjudicación a esta última mercantil, para el pago velado del verdadero servicio contratado con la sociedad Eico, los trabajos reputacionales”.
“En el plan cobró valor que la Consejería de Turismo tenía adscritos dos Institutos, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región, y que ambos los presidía el acusado Juan Carlos Ruiz”, señala.
Según el Fiscal, Ruiz “aprovechó en su exclusivo interés personal la participación de ambos Institutos, que no tenían fiscalización previa, y cuyos responsables eran nombrados a su propuesta”.
“Los contratos simularían estar destinados a satisfacer los fines institucionales de cada uno de dichos entes públicos, a sabiendas de que a cambio las empresas de los acusados De Pedro y Alonso le realizarían, sin coste para él, sus trabajos personales de reputación”, tal y como señala el escrito de acusación del Ministerio Público.
De esta forma, el Fiscal sostiene que Ruiz “consiguió facilitarse la contratación, evitando el control del Interventor de la Consejería de Turismo sobre la adjudicación de los contratos”. “El ardid diseñado permitía que fuesen los fondos públicos de los Institutos de Turismo y Fomento los que sufragasen lo que debía ser un gasto personal del Consejero de Turismo”, añade.
La Fiscalía pide para Juan Carlos Ruiz la pena total de cuatro años de cárcel. En concreto, solicita dos años y seis meses de prisión por el delito de fraude; así como un año y seis meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias en concurso con un delito de prevaricación, así como una multa 150.000 euros.
- Te recomendamos -
