MURCIA, 15 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha pedido una pena de 4 años de cárcel y una multa de 3.100 euros para el administrador único de una mercantil agrícola de Lorquí (Murcia) acusado de explotar laboralmente a personas que estaban en situación irregular en España.
Asimismo, el Ministerio Público ha pedido tres años de prisión y 2.790 euros de multa para cada una de las tres mujeres que colaboraron con este individuo, una de ellas tramitando los contratos y las otras dos organizando las extenuantes jornadas laborales de estos trabajadores.
El inicio del juicio está previsto este martes, a las 9.30 horas, en la sala 006 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.
Los hechos investigados se produjeron, al menos, durante el año 2020, cuando el acusado –mayor de edad y sin antecedentes penales– ejercía como administrador único de una mercantil agrícola de Lorquí para la que contrató a trabajadores en situación irregular en España, según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.
El objeto social de esta empresa consistía en la explotación de fincas agrícolas y su comercialización. Para ese fin, la Fiscalía sostiene que el acusado contrató a trabajadores en situación irregular en España.
Todo ello, tal y como añade el Ministerio Público, “con el objeto de desarrollar dicha labor y beneficiarse económicamente del desempeño de su trabajo”.
Los empleados a los que presuntamente contrataba el acusado estaban en situación irregular y carecían por ello de los requisitos necesarios para trabajar en el país. Así, eso les privaba de los derechos reconocidos en las disposiciones legales y en los convenios colectivos del sector agrícola al que se dedicaban.
El Fiscal sostiene en su escrito que el acusado era “perfectamente conocedor” de que los trabajadores que contrataba “carecían de cualquier autorización o permiso de trabajo”.
“Aprovechándose de la situación especialmente precaria que presentaban, de la necesidad de obtener empleo y de las dificultades que comportaba para ellos carecer de permiso de trabajo”, el procesado “les imponía condiciones laborales especialmente penosas”, tanto en sueldo como en el desarrollo del trabajo, según el escrito de la Fiscalía.
Y es que, según el Fiscal, les imponía “jornadas laborales continuadas de más de diez horas, escasos descansos diarios, sin vacaciones, trabajo en días festivos y pagando sueldos mínimos a destajo en función de las cajas de producto procesados”.
Todo ello “con claro desprecio de los derechos que los trabajadores tienen reconocidos legalmente y privándoles así de los beneficios sociales y económicos que ello comporta”, según la Fiscalía.
Al procesado le ayudaba a desempeñar su labor otra acusada, empleada de las oficinas de la empresa y encargada de tramitar la documentación necesaria para que los trabajadores pudieran realizar su labor legalmente así como de abonar en ocasiones los sueldos semanales que estos cobraban.
Según el Fiscal, esta procesada conocía “perfectamente” la existencia de trabajadores en situación irregular y que estos “cobraban cantidades claramente inferiores a las que por convenio les correspondía, así como las jornadas laborales que las mismas llevaban a cabo y las condiciones impuestas”.
Al frente del desarrollo de la labor diaria se encontraban otras dos acusadas, encargadas de organizar las “extenuantes jornadas laborales y descansos diarios, indicándoles las horas de entrada y de salida, sabiendo igualmente ambas la existencia de estos trabajadores en situación irregular en España”.
El Ministerio Público ha señalado que todos los acusados “conocían las precarias situaciones en que los trabajadores se encontraban y las condiciones de habitabilidad que varios de estos trabajadores tenían debido a ello, coadyuvando así a que el acusado pudiera beneficiarse económicamente de esta situación”.
Los agentes de policía tuvieron conocimiento de esta situación y, a raíz de ello, practicaron dos registros en el almacén citado junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 18 de junio de 2020 y el 8 de agosto de 2020. En el interior de la nave, localizaron a varias personas en situación irregular efectuando el trabajo.
Una de las explotadas comenzó a trabajar en el año 2020 tras solicitar empleo en varias ocasiones al acusado, que era “perfecto conocedor” de su precaria situación económica. Así, el individuo le ofreció un salario inferior al legalmente establecido, cobrando a destajo por caja recolectada con jornadas laborales que en ocasiones se extendían hasta 10 horas con una hora al día únicamente de descanso para comer.
Además, dado que la víctima no tenía donde vivir, el procesado le ofreció la posibilidad de alojarse en una planta de oficinas existente en el mismo lugar de trabajo. Allí, junto con otras cinco mujeres, desarrollaban la totalidad de su vida sin que dicho alojamiento contara con las mínimas condiciones de salubridad e higiene, durmiendo en el suelo en colchones facilitados por el acusado.
En las mismas condiciones se encontraban dos hermanas que también se encontraban en una situación precaria, con falta de recursos económicos para subsistir. Por este motivo, aceptaron las “precarias condiciones económicas” que les planteó el acusado y que también vivían en las oficinas.
Para el Fiscal, los acusados son autores de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
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