Afirman que “ha habido un desvío de fondos públicos hacia intereses privados mediante una maraña de contratos y actos administrativos”
LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario de Vox La Rioja pedirá “responsabilidades judiciales” tras considerar que el PSOE ha cometido “presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil” en todo lo relacionado con la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje que “ha estado plagado de irregularidades desde el principio”.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, ha indicado, además, “que los políticos no somos jueces por eso ante sospechas fundadas y demostradas debemos dar este paso y llevarlo a la Fiscalía para que hagan su trabajo con total libertad”.
Alacid ha realizado estas declaraciones tras dar a conocer las conclusiones de la Comisión de Estudio que se ha llevado a cabo en el Parlamento con respecto a la Fundación de la Ciudad del Envase y Embalaje que se cerró el pasado viernes.
“DEBERÍA HABER SIDO UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN”
Una comisión -explica Alacid- que “fue constituida en marzo de 2024 a propuesta del Partido Popular”. Aunque para Vox “es irracional” denominarla ‘comisión de estudio’ porque lo “lógico” hubiera sido que fuera de ‘investigación’ ya que desde el propio PP indicaban textualmente que “la tramitación de la fundación había sido un desastre y estaba plagada de irregularidades”.
Alacid ha recordado que la comisión se estableció una vez que una auditoría externa consideraba nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas por la ADER. Esto, a opinión de Vox, demuestra que el PP “no se atreve a denunciar la corrupción del PSOE en La Rioja. No se atreve a pedir responsabilidades penales cuando estamos ante algo que apesta a corrupción”.
“Muchos nos tememos que el Partido Popular al final lo que querrá en esta comisión es darle un tirón de orejas al PSOE y pasar página. Como hemos dicho muchas veces, el Partido Popular amaga, pero no llega a dar porque no quiere molestar a la izquierda y despertar a la bestia que lleva dentro. Gobierna siempre con miedo, con complejos, pidiendo permiso a la izquierda”.
Volviendo a la Comisión, que contó con las comparecencias de una docena de expertos a propuesta de todos los grupos políticos con representación en el Parlamento tuvo lugar desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril. Precisamente “la última en intervenir fue la expresidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y lo hizo desde el Senado, a través de videoconferencia y parapetada tras una televisión de plasma. Fue una comisión vergonzosa, en la que ella se negó a hablar y que nos limitó los tiempos con interferencias. Nos dio vergüenza”, ha indicado Alacid.
“Aquello sucedió el 30 de abril de 2024. Desde entonces, esta comisión ha estado paralizada hasta que se ha vuelto a poner en marcha. Más aún el 27 de agosto, en plena época vacacional, el Gobierno del Partido Popular acordó la disolución por absorción de esta comisión para pasar a la Fundación para la Transformación de La Rioja, sin esperar a las conclusiones de esta comisión”.
Todo ello -indica Alacid- “nos parece una falta de respeto porque algo que podía decidir esta comisión ya lo había decidido el Gobierno por ella. Esto, de nuevo, deja en muy mal lugar a los representantes del Partido Popular”.
¿CÓMO COMENZÓ TODO?
Como ha recordado Héctor Alacid los hechos se remontan a febrero de 2020 cuando “la presidenta de ese momento, Concha Andreu, firmó un acuerdo de colaboración con el presidente del Gobierno de España que incluía el compromiso de crear la Ciudad del Envase y el Embalaje como Centro de Referencia Internacional. Es decir, en el origen de este caso está el presidente del Gobierno más corrupto de nuestra historia reciente, Pedro Sánchez”.
En diciembre de 2021 “se creó la Fundación para poner en marcha un Centro Nacional de Tecnología dedicado a la I+D+i”. Un año después, en diciembre de 2022, “el Gobierno de Andreu autorizó a José Ángel Lacalzada, en su condición de presidente de la ADER, realizar un gasto de 6,9 millones en la compra de unas parcelas al SEPES, en el polígono El Recuenco, de Calahorra, para luego venderlas a la Fundación del Envase y el Embalaje”.
“Esta operación se hizo con los informes contrarios de los servicios jurídicos y del control interno de la ADER, como ha quedado demostrado”.
Paralelamente, el 3 de junio, la Fundación del Envase acordó con una empresa privada ‘Royo Operador Logístico’ la subrogación o sustitución, en su caso, “de la obra de construcción de una terminal intermodal en el polígono El Sequero en Agoncillo”. Se constituyó un derecho de superficie por el plazo de 33 años, pasado el cual la construcción debería revertir a la propiedad.
“Esta operación -indica el diputado regional de Vox- presenta varias irregularidades de gran calado, como la falta de conocimiento en la licitación pública, exigida por la Ley de Contratos, la falta de aplicación de la cláusula de convenio relativa a la justificación de los gastos subvencionables, de un control y análisis riguroso de las facturas o de una auditoría sobre los ingresos y gastos”.
Desde luego “hay serias dudas sobre la justificación del uso de fondos públicos en la construcción de un puerto seco en Agoncillo porque no guarda relación ninguna ni directa con los objetivos de la fundación del envase”.
Además estas condiciones “han generado un enriquecimiento injustificado de una entidad privada. La infraestructura revertirá en su propio patrimonio sin que haya asumido los costes de su construcción ni compensado la fundación por la cesión de su uso”.
En otras palabras “todo parece indicar que se ha utilizado dinero público para beneficiar intereses particulares lo que podría constituir una subvención encubierta carente de garantías y controles que la ley exige”.
“A nuestro juicio todo esto evidencia un cúmulo de actuaciones que no se ajustan, mucho menos que a derecho. Pensamos que ha habido un desvío de fondos públicos hacia intereses privados mediante una maraña de contratos y actos administrativos cuyo objetivo aparente ha sido eludir la ley de subvenciones”.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A ANDREU Y LACALZADA
Así las cosas y tras estudiar “minuciosamente” toda la documentación “hemos determinado, en primer lugar, pedir responsabilidades políticas a la que era presidenta de esta comunidad, Concha Andreu y al consejero, José Ángel Lacalzada, por el desvío de fondos públicos de la fundación del Envase hacia intereses puramente privados, tal y como ha quedado acreditado durante los trabajos de esta comisión”.
“Lo que iba a ser un referente internacional se ha convertido en un fraude político, un engaño orquestado por parte de dirigentes del PSOE”.
También se confirma tras esta comisión “las graves irregularidades y deficiencias legales administrativas en todo el procedimiento que han comprometido los fines de la fundación para el envase. Hicieron caso omiso a los informes de asesoría jurídica y control interno y materializaron la compraventa de suelo .
Pedirán, por tanto, “la revisión de oficio de los expedientes de la ADER para declarar la nulidad de la resolución por la que se realiza una transferencia a SEPES con fecha de 15 de septiembre de 2022, así como la resolución en la que se acuerda el gasto de 6,9 millones de euros para la compra a SEPES de las parcelas en el polígono del recuento”.
Todo ello lo trasladarán al Ministerio Fiscal para la apertura de licencias informativas para el ejercicio de las acciones penales que pudieran corresponder y depurar responsabilidades.
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